La «absurda» propuesta del Gobierno si no hay acuerdo con la Junta de Andalucía: derribar la mitad de Algarrobico
El Ejecutivo no podrá llevar a cabo la demolición total y presiona a la Junta para que se sume al proceso de expropiación a pesar del riesgo a nuevos juicios
El Gobierno no localiza el domicilio de la promotora del Algarrobico para comunicarle la expropiación
El Gobierno anuncia la expropiación del hotel ilegal El Algarrobico para proceder a su demolición

Dos meses después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara a pie de playa junto al hotel El Algarrobico que el Gobierno lo tiraría en cinco meses, la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido que solo pueden demoler la mitad de la construcción. El motivo no es otro que el suelo al que se le ha aplicado el procedimiento de expropiación en base a la Ley de Costas cubre el 50% del macro hotel ilegal de Carboneras.
«Nosotros vamos a actuar donde somos competentes, aunque insisto: parecería totalmente absurdo», ha admitido Aagesen durante su participación en los Encuentros de la Cadena Ser Andalucía. «Sería totalmente absurdo que el 50% por ciento donde tenemos competencias, lo derribemos, y el otro 50% se quede allí», ha dicho.
La ministra Aagesen se ha mostrado optimista en poder finalmente alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía para que se sume a la acción del Gobierno central y opte por la vía de la expropiación para derruir «esa aberración en lugar de aferrarse al cumplimiento de las sentencias judiciales que deben ejecutar, principalmente, el Ayuntamiento de Carboneras».
La responsable de Transición Ecológica ha afirmado que la sociedad «lleva mucho tiempo esperando a que se tomen acciones», sentido en el que ha defendido el camino emprendido desde la Administración central en el marco de sus competencias para acabar con el polémico hotel promovido por Azata del Sol, al menos, en la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre por su cercanía a la línea de costa.
De esta forma, el Gobierno ha presionado a administración andaluza para que se sume el proceso de expropiación a pesar del riesgo de que se inicien nuevos procesos judiciales. De hecho, el aviso del expediente ha tenido que comunicarse a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) y del provincial de Almería, al no haber podido contactar el Ministerio de Transición Ecológica con la empresa promotora a través de notificación electrónica y tampoco postal.
«Hemos pedido que, desde la Junta, actúen de manera complementaria en la parte que es de su competencia, que es el parque natural», ha añadido la ministra, quien asegura tener aún la «esperanza» de un cambio de postura por parte de los dirigentes del Ejecutivo regional para que se incorporen a esta iniciativa que, según defiende el Gobierno, ahora es posible tras los pronunciamientos judiciales de los últimos años.
En cualquier caso, y en el marco del proceso expropiatorio que arrancó el pasado 11 de marzo con la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se daba cuenta de la declaración de utilidad pública de los terrenos, la ministra confía en que este mismo año puedan darse la demolición, al menos parcial, del hotel. Según el expediente, la declaración de utilidad pública afecta a 16.423 metros de una finca de un total de 32.654 metros cuadrados.
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