Esto será lo que se ahorrará la Junta de Andalucía al recomprar los 70 edificios que el PSOE vendió en 2014

Aquel acuerdo obligaba además a la Junta a alquilar los edificios de los que se desprendía, así como asumir el coste de su mantenimiento, unas condiciones leoninas que el Gobierno socialista de 2014 asumió para obtener liquidez. El periodo del contrato de alquiler era de veinte años a través de lo que se conoce como 'Sale and Lease back' —venta con arriendo posterior, en castellano—.

El actual Gobierno autonómico, en manos del PP, ha decidido recuperar dichos inmuebles, que comprará por 328 millones de euros, una operación que supondrá un ahorro considerable para las arcas públicas de la Junta en los próximos años. La inversión se amortizará en menos de una década. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Junta de Andalucía acompañado de la consejera de Hacienda, Carolina España. El lugar elegido para hacer dicho anuncio no ha sido casual: la sede de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, uno de los inmuebles vendidos en aquella operación y por los que se está pagando una renta.

La Junta volverá así a ser titular de estas 70 sedes administrativas tras llegar a un acuerdo con el fondo WP Carey, actual propietario y perteneciente Inversiones Holmes. Con esta operación, que será formalizada próximamente con cargo a los Presupuestos de la Junta de 2014, el Gobierno de la Junta evitará pagar de aquí a 2034, año el que expiraba el contrato de alquiler, algo más de 428 millones de euros.

Juanma Moreno ha recordado en el acto público que ha ofrecido para hacer este anuncio, que el primer año, la Junta pagó 28,5 millones de euros, una cifra que explicó ha ido aumentando anualmente hasta llegar a los más de 35,5 que se estaban abonando en la actualidad, siete millones más en nueve años. Hasta la fecha, la Junta ha pagado a dicho fondo de inversión 279 millones de euros.

Resalta el presidente además que con esta operación se soluciona «una herencia envenenada» del PSOE que habría costado a la Junta la friolera de 708 millones de euros.

Así, ha explicado que desde 2014, el IPC ha subido en Andalucía un 21,4%, pero el precio del alquiler de los edificios ha aumentado un 25%. Además, ha indicado que el contrato tenía una cláusula suelo que establecía que, con independencia de cuál fuera el IPC, el precio de la renta se subiría, al menos, un 1,5%. Al respecto ha recalcado que en la década en que ha estado vigente el contrato el IPC ha sido negativo o inferior al 1,5% la mayor parte de los años y cuando ha sido superior, la renta se ha revalorizado con la cifra mucho más alta, es decir, la del IPC.

Al cumplir dicho contrato en 2034, la Junta tendría que haber abandonado dichos edificios, entre los que se encuentran las sedes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la de Agricultura, delegaciones territoriales, oficinas de empleo e incluso conservatorios, y en los que trabajan más de 8.600 empleados públicos. Eso o volver a negociar un contrato de alquiler con la propiedad de dichas sedes administrativas. Aquel acuerdo, por tanto, «tenía una contrapartida absolutamente lesiva con los intereses de la Administración autonómica», ha añadido Moreno.

Asimismo, ha recordado que dicha operación fue en su día comentada y que hasta la Cámara de Cuentas denunció sus perjuicios, ya que «los 300 millones que se ingresaron por la venta de los edificios se gastaron y lo que nos quedó fue una deuda de por vida, un problema que no existía y que se generó por una mala decisión».

Con los 35,6 millones que se van a ahorrar al año, el presidente andaluz resalta que, por ejemplo, se puede pagar el salario bruto anual de más de mil docentes o construir diez colegios. «Este dinero se destinará para atender otras prioridades en los presupuestos andaluces, ya que ello va a suponer incrementar las partidas presupuestarias autofinanciadas y así poder disponer de más recursos en los ámbitos donde más falta hacen como son la educación, la sanidad, la dependencia o los servicios sociales», señaló.

Moreno incide en que con este acuerdo se pone fin a «este problema», ya que añade que hasta 2034 la Junta habría pagado por los alquileres unos 708 millones en concepto de renta, casi dos veces y media lo recibido, y a partir de ahí, todos los años, de por vida, una renta que superaría sin duda los 40 millones cada año.

«Ponemos así sentido común a las cuentas públicas para que no haya más operaciones como las que desgraciadamente hemos vivido en los últimos cuatro años, que ha costado mucho trabajo enderezar o arreglar. Se ha hecho un buen trabajo y ésta es sin duda una buena noticia», ha concluido el presidente andaluz.