La absolución de Magdalena Álvarez beneficiará a otros condenados por prevaricación en el caso de los ERE

El TC ha estimado este martes el recurso de amparo de la exministra socialista contra las sentencias que la condenaron a nueve años por prevaricación continuada en el caso ERE. Son varios los condenados por este delito los que podrían ver rebajadas o anuladas sus penas tras dicho precedente.

Además de Álvarez, son 14 los exaltos cargos de la Junta de Andalucía inhabilitados según el fallo ratificado por el Tribunal Supremo en 2022 sobre los que cabría el amparo ahora admitido por el TC que se une al recurso presentado por los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chavez, que encuentran una vulneración de derechos en la sentencia.

José Antonio Griñán fue condenado a 15 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, además de a seis años de cárcel por malversación. Sin embargo, el pasado junio su ingreso en prisión recibió una prórroga de cinco años, los que precisaría para tratar su cáncer de próstata, y está pendiente la resolución sobre su indulto por dicha enfermedad.

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera interrumpió su estancia en prisión tras una condena de siete años por un delito de malversación de fondos públicos. La condena de inhabilitación de 18 años por prevaricación podría quedar en nada.

Tanto el máximo responsable del Ejecutivo regional (1990-2009) como el exconsejero de Economía se encuentran en pleno proceso de inhabilitación por prevaricación. El Supremo ratificó nueve años de privación de sus ejercicios profesionales.

Sobre el exviceconsejero de Empleo pesa la mayor condena de los implicados, con 19 años y seis meses de inhabilitación por prevaricación y 7 años y 11 meses de cárcel por malversación. Del mismo modo, la entonces consejera de Hacienda afronta una pena de seis años de prisión por malversación, solapada a otros 15 años de inhabilitación por prevaricación.

Siete años de cárcel por malversación y 18 de inhabilitación por prevaricación fueron las penas impuestas tanto al exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa como al exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía. Barberá está en prisión, mientras que para Vallejo propusieron el segundo grado en febrero.

El antiguo director general de Trabajo y Seguridad Social fue uno de los más beneficiados por la revisión del Supremo en 2022, cuando se le rebajó la condena por malversación de siete a tres años de cárcel y la de prevaricación de 18 años de inhabilitación a 7 años y seis meses.

El exviceconsejero de Innovación y de Justicia cumple condena de seis años de cárcel por malversación, amén de una inhabilitación de 15 años por prevaricación. Por su parte, sobre el que fuera director de IDEA pesan seis años y seis meses de prisión por malversación y una inhabilitación por prevaricación de 17 años.

Una inhabilitación de ocho años y seis meses fue la condena impuesta al antiguo director de la misma agencia, IDEA, por delito de prevaricación.

Finalmente, estos dos viceconsejeros (de Ecomomía y de Presidencia, respectivamente) quedaron bajo una pena de nueve años de inhabilitación del ejercicio profesional debido al delito de prevaricación que ratificó el Tribunal Supremo y cuya revisión ahora plantea la Fiscalía.