Andalucía reduce su desequilibrio presupuestario más de un 80 por ciento

El Tribunal de Cuentas ha certificado que en el año 2014 se «interrumpió la continua reducción del déficit» que desde 2012 habían conseguido las comunidades autónomas, y critica que el Ministerio de Hacienda no tomara ninguna de las medidas que le permite la ley ante los desvíos en las ejecuciones presupuestarias de algunas regiones.

Así consta en el 'Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas en relación con los planes económico-financieros (PEF), planes de reequilibrio y planes de ajuste previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del Plan de Pago a Proveedores '.

En dicho documento, que recoge Europa Press, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que las medidas de ajuste del déficit han ido «perdiendo eficacia» con el paso de los años como consecuencia, por una parte, de la fijación de un objetivo único para todas las comunidades y, por otra, por haber planteado los planes económico-financieros usando cifras que posteriormente fueron modificadas.

Así, pese al «considerable esfuerzo realizado por la práctica totalidad» de comunidades autónomas para ajustar su déficit (un 67,42 por ciento de media entre 2011 y 2014), el subsector autonómico ha incumplido de forma sistemática sus objetivos anuales.

En este sentido, el Tribunal destaca la «buena gestión» realizada por Castilla-La Mancha y Andalucía, que han reducido su desequilibrio presupuestario más de un 80 por ciento en dicho periodo, así como los resultados obtenidos por Canarias, Galicia, Madrid, La Rioja, País Vasco, Castilla y León, Asturias y Extremadura que, sin embargo, «han experimentado en 2014 un significativo deterioro».

«En general, el ejercicio 2014 ha supuesto un a interrupción de la continua reducción del déficit desde 2012 », lamenta el organismo, que critica que durante los últimos años ninguna comunidad autónoma con desviaciones planteara medidas de autocontrol adicionales, salvo Andalucía (que finalmente no alcanzó sin embargo el objetivo), Canarias y Extremadura (que sí consiguieron cumplir con el objetivo).

En este sentido, el organismo fiscalizador recalca que la mayor parte de los planes económico-financieros no detallan suficientemente las medidas de control del gasto ni las vinculen con partidas presupuestarias concretas, lo que impide cuantificar de forma precisa el ahorro y dificulta su seguimiento.

Por eso, sugiere a las comunidades que adopten «medidas de ajuste extraordinarias» para conseguir sus objetivos, que eviten desviaciones, que aporten información más «precisa y mensurable» sobre sus ajustes y que hagan «mayores esfuerzos» para la consolidación.

Además, el Tribunal critica que pese a que los sucesivos informes de seguimiento de los planes de ajuste de 2012 y 2013 pusieron de manifiesto que varias comunidades se estaban alejando del cumplimiento de sus objetivos de déficit, «no consta que el Ministerio de Hacienda adoptase ninguna de las medidas» coercitivas que le permite la normativa vigente.

Es más, el organismo fiscalizador cuestiona incluso la decisión del departamento que dirige Cristóbal Montoro de fijar un objetivo de déficit único para todas las comunidades autónomas, algo que, a su juicio, limita la «eficiencia» del procedimiento de consolidación fiscal y convierte en un «mero formalismo» el procedimiento de fijación de objetivos individuales.

Y es que la normativa de estabilidad presupuestaria «contempla como situación normal la existencia de objetivos de déficit diferenciados para cada comunidad autónoma». «Sin embargo, la práctica ha sido la fijación del mismo objetivo de estabilidad para todas las comunidades e igual al fijado para el conjunto autonómico», apostilla el documento.

Todo ello con la excepción del año 2013, cuando sí hubo objetivos asimétricos para las diferentes regiones, sin que el Consejo de Ministros justificara ni en un caso ni en los otros la motivación del criterio adoptado en cada momento.

Por todo ello, el Tribunal recomienda a Hacienda que «extreme el control» y que explique «tanto los criterios de distribución (del déficit) entre subsectores como la distribución horizontal entre comunidades».

El informe de fiscalización incluye por otra parte un resumen de los datos de déficit, deuda y gasto de las comunidades autónomas en los ejercicios 2012 y 2013.

Así, en 2012 el subsector autonómico tuvo un déficit conjunto del 1,84 por ciento, por encima del 1,5 por ciento fijado como objetivo, fundamentalmente por los desvíos de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Murcia y Navarra. Esta situación se repitió al año siguiente, cuando el desequilibrio alcanzó el 1,52 por ciento frente al 1,2 por ciento tope que tenían marcado, aunque esta vez fue por culpa de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana.

Según el avance de datos de Hacienda que figura en el informe, hasta abril de 2015 el déficit autonómico se eleva al 1,65 por ciento del PIB, a pesar de que a final de año tiene que situarse en menos de la mitad (0,7 por ciento).

En cuanto a la deuda pública , a finales de 2014 se situaba en 209.773 millones de euros, equivalentes al 20 por ciento del PIB, excediendo el objetivo del 19,1 por ciento. No obstante, si se aplican las normas sobre cómputo de operaciones extraordinarias de financiación, las comunidades en su conjunto sí estarían por debajo del tope, aunque Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra sí incumplieron sus objetivos individuales de 2013.

De hecho, el Tribunal advierte de que entre 2011 y 2014 la deuda se ha incrementado un 63,17 por ciento, lo que podría «comprometer» la consecución del objetivo del 13 por ciento en 2020 salvo que «se aplique con rigor» la normativa y que la reducción sea de al menos dos puntos al año mientras la economía crezca al menos un dos por ciento anual o genere un dos por ciento de empleo cada año.

Incluso con esas condiciones favorables, las comunidades deberían «adoptar medidas para controlar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad» o el Gobierno central tendría que «revisar la senda de reducción» del endeudamiento, advierte además el informe.

Por último, todas las comunidades cumplieron la regla de gasto -la tasa de variación del gasto estuvo por debajo de la tasa de referencia de crecimiento del PIB nacional a medio plazo-, aunque el Tribunal advierte de que los presupuestos autonómicos «no disponen de la información necesaria para verificar el cumplimiento» de esta regla de gasto ni de «una metodología y criterios uniformes para aplicarla».

Por eso, el organismo recomienda que todas las regiones incluyan este tipo de información en sus cuentas públicas y sugieren que la Comisión de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pida a la Intervención General del Estado un manual de criterios homogéneos que sirva de ayuda en este sentido.