El incierto futuro de la Fundación Medina Sidonia ante su próximo juicio

La sociedad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ya ha empezado a movilizarse para que el Palacio de los Guzmanes de Sanlúcar de Barrameda, que entre sus dependencias cuenta con la sede de ese archivo, sea una «unidad indisoluble puesta al servicio público y de la ciudadanía» tal y como quiso la conocida como «duquesa roja» cuando la creó hace 17 años.

Para ello se ha creado una plataforma ciudadana, que ha recabado los apoyos de una treintena de asociaciones locales y continúa en distintas redes sociales aglutinando adherencias ante la incertidumbre que se ha cernido sobre este Bien de Interés Cultural con este juicio que se celebrará durante 14 días el próximo mes de octubre en el juzgado número 1 de primera instancia de Sanlúcar de Barrameda.

Este proceso legal fue iniciado por los tres hijos de la «duquesa roja» hace tres años, cuando, cada uno por separado y el mismo día, interpusieron una demanda en la que reclaman la inoficiosidad de la Fundación Casa Medina Sidonia creada en 1990 por su madre para que los bienes que la integran, el Palacio y el Archivo General , considerado uno de los archivos privados más importantes de Europa, se integren en su caudal hereditario.

El procedimiento, según ha detallado José Gómez Villegas , presidente del consejo asesor de la fundación (el órgano que tiene que velar para que se cumplan los estatutos de la entidad) se dirige contra Liliane Dahlmann , con la que la «duquesa roja» se casó poco antes de morir en 2008 y que es la actual presidenta de la entidad.

Pero también, entre otros, contra el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, al que reclaman también la antigua iglesia de La Merced, que la duquesa cedió al Ayuntamiento años antes de crear la fundación.

Si en el juicio se aceptara la «inoficiosidad» de la fundación, a los tres herederos (Leoncio, Pilar y Gabriel ) les correspondería un tercio de esos bienes, salvo el primero de ellos, el mayor, que tendría derecho a un mayor porcentaje por el tercio de mejora.

«Los demandantes han dado una valoración utópica de esos bienes de sesenta millones de euros, pero eso es pura teoría», explica Gómez Villegas, tras preguntarse cómo puede cuantificarse el valor monetario de un archivo que reúne documentos datados desde la Edad Media de diferentes familias o casas señoriales y que se ha convertido en un centro de referencia de documentación e investigación no sólo sobre las distintas ramas nobles, sino que también sobre los concejos, poblaciones, demarcaciones y rentas que gestionaron en España e Italia.

El presidente del consejo asesor de la fundación explica que la entidad defenderá en este proceso, en el que está personada la Junta de Andalucía, que la entidad fue creada «libremente» por la fundadora, la «duquesa roja», con «una finalidad específica» porque «siempre quiso darle ese carácter público a esos bienes».

Además del archivo, su «joya de la corona», el Palacio cuenta con tapices, obras de arte y otros valiosos bienes en un edificio que alberga además una pequeña hospedería de nueve habitaciones y una cafetería, cuyos ingresos, junto con las subvenciones de distintas administraciones, sirven para reunir los cerca de 400.000 euros que anualmente se invierten en su funcionamiento y conservación.

Para Gómez Villegas la movilización que se ha iniciado ante la incertidumbre de este proceso se basa en «un miedo bastante real» sobre un patrimonio cuyo futuro «esta garantizado con la fundación» y que «forma parte de la historia de la ciudad».

«Y no sólo de nuestra ciudad, es un patrimonio de Cádiz, de Andalucía y de España», subraya Gabriel Raya, uno de los impulsores de la plataforma en defensa de esta fundación , cuyo archivo general aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Su temor es que si los herederos de la duquesa roja ganan este juicio este patrimonio «se pueda dispersar».

A Gómez Villegas le extraña que los hijos de la «duquesa roja» no impugnarán la constitución por parte de su madre de la fundación y de los bienes con los que la dotó y que sólo después de su muerte hayan reclamado su «inoficiosidad».

El de Medina Sidonia, el ducado hereditario más antiguo de España, data de 1445. La «duquesa roja», nombre con el que se la conoció por la lucha antifranquista que llevo en su juventud y que acabó conduciéndola a la cárcel y al exilio, se dedicó a su regreso a España a revalorizar este archivo histórico que su familia había reunido desde el siglo XIII y que ahora protagoniza este litigio legal y una movilización ciudadana.