El Gobierno andaluz respalda a la juez Núñez en su decisión de dividir el caso ERE en piezas

En una entrevista, De Llera ha recordado que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se habían mostrado a favor de dividir en piezas separadas esta causa que acumula ya más de 260 imputados , por lo que la juez Núñez ha tomado una decisión «razonable» .

«De la otra manera, con la 'macrocausa' enorme, se pierde el sentido de la realidad de las cosas y se van los detalles», ha manifestado el consejero del ramo, que ha insistido en que, «por supuesto», la división en piezas separadas «era lo correcto, en este caso y en todas las 'macrocausas'», como por ejemplo, según ha indicado, la relativa a los cursos de formación.

De Llera ha confiado en que la decisión adoptada por la sucesora de Alaya «sirva para agilizar la causa», ya que la finalidad que tiene dicha división «es buscar celeridad» , punto en el que ha opinado que, en este caso, hay determinados imputados «que ya pueden llevarse a juicio». «Vamos a ir quitando peso al cesto; si no, no hay quien lo lleve», ha agregado.

Cuestionado por el riesgo de sentencias contradictorias que podría generar esta división en piezas, argumento que ha sido defendido por la juez Alaya en sus autos, el consejero de Justicia ha aseverado que «eso no es verdad» y ha dicho que «eso es algo que se producía antes del siglo XIX», señalando que para combatir ese riesgo «hay un remedio legal» como es el recurso de revisión.

De Llera ha afirmado que, en general, la sociedad «está harta de ver una justicia lenta que no avanza, que se eterniza», pues «al final se tiene la impresión de que aquí uno puede cometer un delito y no pasarle nada», añadiendo que por todo lo anterior «la gente pide una respuesta rápida de los jueces y estos acuerdan prisiones preventivas, a veces muy duraderas».

«Muchas veces se está convirtiendo -la prisión preventiva- en un instrumento para calmar las ansias de venganza colectiva de la sociedad, pero eso es muy malo para un sistema y contrario a un estado de Derecho como es entendido en nuestra Constitución y en todos los países civilizados», ha manifestado el consejero.

De otro lado, De Llera ha opinado que, en general, «ningún juzgado» está preparado para asumir una 'macrocausa', que «es algo que hay que evitar», pues la investigación judicial «tiene que dirigirse a determinar qué ha sucedido, si eso tiene relevancia penal y quién ha podido cometer el hecho», para, a partir de ahí, «llevar el asunto a juicio» a fin de que «se resuelva en un plazo razonable» y «que los malos paguen por malos y los buenos sean absueltos». «Una justicia lenta no merece el nombre de justicia», ha sentenciado el consejero.