Detectan irregularidades en las ayudas de la Junta de Andalucía a otras 19 empresas de los ERE

En este cuatro informe adicional elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, los peritos de la Intervención del Estado analizan las ayudas concedidas a Aeronáuticas del Sur, Al Ballut Dehesas de Calidad, Arcadia Emprendedora, Asea Brown Boberi, Bética Industrial, Centro de Limpieza Industrial Húevar, Construcciones y Urbanismo Sierra Norte y Corral del Conde de la Sierran Morena.

Los peritos, igualmente, analizan en este informe las ayudas dadas a Corsevilla, Elaborados Cárnicos Andaluces, Ibérica de Exportaciones y Transacciones, Inversiones Plásticas TPM Agrícola, La Jarosa de Desarrollo Turístico Sierra Norte, MSM Montanera de Jabugo, Romero Álvarez, S.C.A. San Sebastián de Guadalcanal, TGA Aeroestructuras, Tialna, y Vivir el Barro.

La primera de las ayudas analizadas es la correspondiente a Aeronáuticas del Sur, y en este punto los peritos critican que la documentación obrante en el expediente «es incompleta, fragmentaria y no posee orden cronológico o sistemático alguno, careciendo del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos».

En términos generales, los peritos ponen de manifiesto que en la concesión de las subvenciones «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho», a lo que se suma que la Consejería de Empleo habría concedido las ayudas «con cargo a un concepto presupuestario inadecuado».

Además, y según indican los peritos de la Intervención, la concesión de las ayudas «ha sido realizada por el titular de la Dirección General de Trabajo sin competencia legal para ello», mientras que «no se han publicado por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones concedidas» por Empleo y «no consta la existencia de ninguna norma dictada por la Junta en la que se publiciten estas ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios».

Por ello, «los sistemas utilizados por la Consejería de Empleo para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales», dicen los peritos, que también resaltan que las ayudas «no podrían tener carácter excepcional, dado que han sido concedidas por la Junta ayudas similares de forma habitual y reiterada durante un largo periodo de más de diez años».

De igual modo, «no consta solicitud formal de las ayudas por parte» de los beneficiarios; la concesión de las subvenciones «no fueron sometidas por la Consejería de Empleo a fiscalización previa», y, además, «no existe constancia en el expediente de que por parte de la Consejería de Empleo se realizara ningún seguimiento de la aplicación de las ayudas concedidas».

Los peritos, en general, también resaltan que en los expedientes «no existe ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regulan la concesión de subvenciones».