Subvenciones de formación para hacer moldes de «prensar cocaína»

En un demoledor informe remitido a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción 8 de Málaga, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía denuncia el «incumplimiento sistemático» de los requisitos legales en el manejo de los fondos por parte de empresas beneficiarias de fondos públicos y describe un extenso catálogo de irregularidades que abarcan desde la confección de facturas y contratos ficticios, la falsificación de los partes de asistencia de alumnos, la suplantación de monitores y «algún tipo de tráfico de influencias» entre altos cargos autonómicos y empresarios beneficiados.

Los testimonios de alumnos (la Policía ha entrevistado a más de 3.000 de diferentes cursos) han sido claves para arrojar luz sobre la investigación de los agentes, que mostraron su sorpresa por las «inexistentes» labores de control e inspección ejercidas por la Administración. Del descontrol instalado en la gestión de las ayudas dan prueban los encargos que hacían a los participantes durante su formación. Algunos tan inimaginables como hacer «una especie de moldes para prensar cocaína, de tres tamaños» que desaparecieron del taller una vez terminados, según relató J.L.F.L., uno de los jóvenes que se instruyó como soldador en la sede de la academia en el polígono Santa Cruz de Málaga. Así lo recoge el acta de la declaración incorporada del sumario del caso de formación.

Durante las horas lectivas (975) del curso cofinanciado con el Fondo Social Europeo, que se desarrolló entre marzo y diciembre de 2011, aseguró que fueron obligados a realizar obras de albañilería dentro de la nave del taller que no guardaban relación con la materia e incluso los mandaron a pintar la nave y maquinaria «con vista a la realización de futuros cursos».

En su declaración policial el 8 de abril de 2014, contó que el dueño del centro «organizaba barbacoas en su domicilio y en la misma empresa fanfarroneando de que pagaba la Junta de Andalucía». El empresario blasonaba de «haber recibido unos 240.000 euros» de la Junta, afirmó. En realidad, fue beneficiado con 133.515 euros en 2009 y 131.625 al año siguiente, más de 265.000 euros en total. «Se lo han llevado calentito», concluye este alumno, quien un día vio por la academia a una persona que podría ser un inspector de la Junta, pero que «se marchó sin ver las dependencias», precisó. Actualmente la empresa no tiene actividad. De hecho, la nave está en venta.

Otro alumno, R.A.P., corroboró a la Policía que durante la formación les encomendaban los trabajos que entraban en la carpintería «como si fuesen trabajadores asalariados de la empresa». «El curso era una chapuza y no se aprendía apenas nada», afirma.