Las preguntas sobre los ERE que Griñán debe responder ante el Tribunal Supremo

Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 , fue el destinatario de al menos cinco informes cuestionando el procedimiento para financiar las ayudas sociolaborales. Año tras año, la Intervención de la Junta alertó del irregular procedimiento administrativo ( transferencias de financiación ) con el que se repartieron durante más de una década ayudas entre prejubilados, empresas en crisis, ayuntamientos gobernados por el PSOE, comisionistas, sindicatos y abogados. Griñán hizo oídos sordos a estas alarmas asegurando que nunca leyó los informes. Pero el interventor que firmaba las auditorías entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez , declaró ante la juez Mercedes Alaya que sí se los había notificado. De hecho, cada informe iba encabezado con un oficio que rezaba «para que se dé traslado al consejero de Economía». Otras copias se enviaron a los dos consejeros implicados (Empleo e Innovación) y al director del IFA/IDEA . Se ideó un sistema de ingeniería financiera.

El mecanismo era muy simple: la Consejería de Empleo daba las ayudas, pero los pagos se canalizaban a través de IDEA , otra agencia de la Junta. De este modo, se ganaba en agilidad para apagar los conflictos laborales que amenazan la tranquilidad política del Ejecutivo regional. El problema es que la maquinaria corría más deprisa que los papeles y escapaba a los rigurosos filtros de fiscalización que han de pasar los gastos asumidos por las consejerías.

En su empeño por zafarse de la pasividad por no haber frenado las irregularidades, Griñán afirmó en la comisión parlamentaria que investigó los ERE en 2012 qu e «a mí no se me remitieron nunca, nunca. Y lo ha dicho la viceconsejera . ¿Por qué? Porque no pedían actuación de la Hacienda». Utilizó como parapeto a su interventor para rehuir la toma de decisiones asegurando que no suspendió la tramitación ni paralizó los pagos. Pero las auditorías eran elocuentes. El interventor hizo un contundente informe adicional a otro definitivo del ejercicio 2003. En este documento se advertía de que el sistema empleado en los ERE prescindía «de manera total y absoluta del procedimiento establecido» en la Ley General de la Hacienda Pública. Griñán no se dio por aludido. «Si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar ese problema», sentenció. El otro escudo del expresidente fue su viceconsejera Carmen Martínez Aguayo, quien decidió «inmolarse» para salvarlo. «Yo recibí los informes y nunca se lo comenté» , aseguró la entonces consejera de Hacienda y hoy imputada como él. «¿Alguien piensa que yo me leo todo eso?», se justificó ante un grupo de periodistas señalando un carrito lleno de archivadores con cientos de documentos.

El anteproyecto del Presupuesto de la Junta que contenía la partida 31L —bautizada como «fondo de reptiles» por el exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero — era aprobado por el Consejo de Gobierno. El proceso de elaboración de las cuentas iba precedido de reuniones de alta cualificación técnica entre la Consejería de Hacienda y la Consejería afectada. Era Griñán como consejero de Hacienda el garante de la estabilidad presupuestaria de IDEA qu e Guerrero ponía en peligro sistemáticamente . Comprometía más dinero del que disponía. Su frenético tren de gastos encendió las alarmas del interventor.

El talante rumboso del exdirector de Trabajo generó enormes agujeros en la caja de los ERE. El reparto de dinero sin cobertura presupuestaria se tradujo en un déficit de 93 millones en 2004, que llegó a 95 en 2005. Griñán autorizó con su firma hasta en siete ocasiones el presupuesto para ayudas sociolaborales. Cada operación venía acompañada de otro escrito no vinculante del interventor, que no entraba en el fondo del gasto. La mayoría de los incrementos fueron aprobados por el Consejo de Gobierno y elevaron en 33,1 millones la partida 31L desde 2005 a 2009. Lo que demuestra, según Alaya, que la cúpula de la Junta apoyó el sistema ilícito de concesión de ayudas.

En su etapa como presidente, se cambió el convenio marco de 2001 que instauró las ayudas por otro sistema que la juez también considera ilegal: una encomienda de gestión de Empleo al IFA, en 2010, que perpetuó las irregularidades. Cambió algo para que todo siguiera como antes, como reza la célebre máxima de «El Gatopardo».