Más de 6.500 niños andaluces reciben clase en aulas prefabricadas

La presidenta andaluza, Susana Díaz , entregada al frenesí electoral, se vanagloriaba días atrás que tanto su familia como ella habían estudiado en una escuela pública. En frente situó a su rival político, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla , a quién reprochó que llevara a sus hijos a un centro privado. Una revelación que podría acabar en denuncia.

Al margen de valorar el respeto por la libertad a la hora de escolarizar a los menores, Díaz eliminó de su discurso las carencias del sistema educativo andaluz que desde hace años vienen denunciando docentes, ampas y sindicatos. Más allá de aspectos puramente académicos, como los malos resultados en baremos sobre el nivel de los escolares, como el Informe PISA , o las preocupantes cifras de abandono escolar –con una tasa del 28,4 por ciento durante el pasado curso-, llama la atención la carencia de infraestructuras.

Según una respuesta parlamentaria de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 173 centros educativos de la región cuentan con aulas prefabricadas, también llamadas «caracolas», durante el presente curso escolar. El total es de 325, de las que 174 se instalaron para acoger a los alumnos durante el tiempo en que se realizan obras y reformas; mientras que el resto son justificadas por « incrementos de escolarización» . Málaga –con 71-, Almería –70-, Sevilla -60- y Granada -58- son las provincias con un mayor número de estas estructuras, similares a las que utilizan en la construcción.

Si hiciésemos una simple regla de tres y estimáramos a la baja que en cada una de estas aulas se imparte clases a 25 escolares, el resultado es que más de 8.000 niños andaluces cursan sus estudios en «caracolas».

La Consejería de Educación reduce esta cifra a 6.500 sobre 1.800.000 alumnos , «el 0,04 ciento». «El compromiso es dejarlo en el 0,02 –la mitad»-, señalaron fuentes oficiales, que no precisaron una fecha para alcanzar este objetivo.

Lo cierto es que esos 6.500 escolares representan en realidad el 0,36 por ciento , ya que si fuesen el 0,04 que afirma Educación, la cifra absoluta de estudiantes en «caracolas» sería de 720. Un dato inimaginable por ahora.

La Administración autonómica justifica en parte esa elevada cifra en que la región aglutina el 20 por ciento del alumnado del país frente, por ejemplo, a Valencia, que representa el 10 por ciento y tiene a «14.000 escolares en aulas prefabricadas». Un dato ante el que las autoridades valencianas han puesto en marcha el Plan de Eliminación de Aulas Prefabricadas con el que se pretende eliminar antes de que acabe la legislatura más del 75 por ciento.

Dejando a un lado pullas políticas, es imposible abstraerse al hecho de que hay escolares andaluces que únicamente han recibido clases en un aula prefabricada, como le sucede a los que asisten al colegio de Infantil y Primaria Indira Gandhi de Mijas . Una situación que se repite en otras provincias. El colegio Marqués de Santa Cruz de El Puerto de Santa María (Cádiz) ostenta el triste récord de llevar veinte años con tres aulas prefabricadas. Le siguen el colegio público rural Alto Guadalquivir, ubicado en Coto Ríos (Huelva), con «caracolas» desde 1998 ; o el Virgen de la Fuensanta del municipio onubense de Huelma, donde se instalaron en 2001.

El colegio Nuestra Señora del Carmen de Esquivel (Sevilla) cuenta con tres módulos desde 2003, mientras que el San Luis de Sabinillas (Málaga) los tiene desde 2005

El trasfondo de esta situación, explica la responsable en Educación del PP en el Parlamento regional, Marifrán Carazo , es la paralización de las infraestructuras –en muchos casos- comprometidas, presupuestadas y adjudicadas por la Junta de Andalucía. Únicamente en Málaga, una plataforma de padres reclama la construcción de colegios e institutos en tres municipios.

«Los recortes en Educación, en general, durante estos tres años por parte de la Junta se cifran en 1.038 millones , de los que 306 corresponden exclusivamente a infraestructuras», destaca, para agregar que el 40 por ciento de los centros de la comunidad necesitan alguna intervención y que el gasto por alumno es el «más bajo de España». Carazo sostiene que los recortes «se palpan en las aulas» y afirma que «hay menos docentes, menos comedores, menos rutas de transporte e infraestructuras que nunca llegan».

«Se están dando casos en los que se utilizan salas de profesores o gimnasios como aulas para reducir las cifras de aulas prefabricadas», que según su opinión es el asunto «más sangrante» y para cuya solución reclama «más inversión, mejor gestión y despolitización del sistema educativo».

Mariló Olmedo relata que desde hace cinco años viven inmersos en un laberinto burocrático tras el que se esconden cuitas políticas. «Las aulas prefabricadas se instalaron en 2010 con la promesa del entonces delegado de Educación Antonio Escámez , de que era provisional», recuerda, para añadir que este compromiso se evaporó. La situación se complicó cuando en 2011 el PP se hace con la Alcaldía de Mijas y los terrenos que en 2008 había cedido el anterior alcalde socialista «ya no le servían a la Junta». «Dijeron que eran inundables . Antes no», explica la presidenta de la Ampa, que bromea: «Vivo al lado, así que me compraré una barquita».

El Ayuntamiento no se detuvo ante este «contratiempo» y modificó el PGOU para evitar la zona inundable . Unos trámites que se prolongaron durante un año y medio. Por fin, a finales de 2013 los terrenos fueron nuevamente cedidos a la Junta de Andalucía, pero «han pasado 15 meses y los trabajos ni siquiera se han adjudicado».

«Aquí no tenemos aula de música, ni de informática », reivindica esta madre, que recuerda a las autoridades autonómicas que los únicos seis ordenadores con los que cuentan los niños «han sido comprados por la Ampa».

Miguel Ángel Navarro , padre de un alumno del colegio Al Andalus de Utrera (Sevilla), lo tiene claro: «Me hace gracia cuando Susana Díaz dice que va a eliminar las “caracolas” cuando a mí me pusieron otra en agosto».

El «origen» del problema de este centro, según explica, se encuentra en un «baby boom» que se produjo en 2010 con 636 nacimientos. «Los técnicos de Educación les llaman los niños del “cheque bebé”», ironiza. Como el municipio cuenta con algo más de 500 plazas de Infantil, en torno a 130 menores se quedaban sin ella, por lo que la Junta optó por instalar los módulos. Al igual que en otros casos, una medida que debía ser provisional y excepcional, se dilata en el tiempo.

Navarro relata que los primeros «barracones» -se niega a llamarlos aulas- carecían de luz cuando se ubicaron a aproximadamente a un kilómetro del colegio al que todos los días niños de tres y cuatro años van andando para poder ir al comedor.

Las estructuras son «deficitarias» y «peligrosas» y recuerda que la última que se instaló «venía con un panal de avispas vivas», además de cotarse el perímetro con una valla con la que los pequeños se podían cortar

«Le pido a la presidenta y al señor Luciano Alonso –consejero de Educación- que nos miren a la cara, que vengan a colegios como el nuestro para hacerse la foto y no en los que tienen de todo. Nosotros también somos la educación pública de la que tanto presume Susana Díaz», lamenta este padre, que confiesa que el alma se le cae al suelo cuando pasa con su hija por delante de un centro «normal» y «me pregunta si algún día irá a un cole así ».

Miguel Ángel Navarro, harto de falsas promesas y «capotazos», pide «compromisos por escrito» , porque asegura que los padres no están dispuestos «a pasar otros dos años de cadena perpetua». Una situación que, según informa, se puede agravar aún más porque en 2013 se contabilizaron 639 nacimientos en el municipio, «más la gente que puede venir a vivir aquí».