El prostíbulo que sirvió de aula para los alumnos de cursos de formación

El complejo que durante décadas dio hospedaje a los artistas y cantantes nacionales de primera línea que recalaban en Huelva, y que convirtió uno de sus edificios en club de alterne durante unos años, parece hoy un escenario de guerra. «¿Ves? No queda nada de lo que esto era, está en la ruina».

Desde principio a fin del complejo, alquilado por Fusion Onubense SL a sus propietarios -que no tienen relación alguna con el escándalo- han desaparecido puertas y ventanas, las instalaciones de luz y agua han sido literalmente arrancadas de cuajo.

Se han llevado hasta las persianas y los inodoros en un lugar que hace poco más de cuatro años, los responsables de la empresa, Manuel Villegas y José Colombi, vendían a bombo y platillo como la mayor y más pionera residencia de toda Andalucía para personas mayores discapacitadas. Su nombre, centro Jacaranda, con 200 plazas concertadas con la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta. Hoy, solo queda un cartel en una de las estancias de la recepción y la única nave que construyó la empresa en estos años ha quedado en una montaña de escombros. Como el resto del hotel.

Poco antes de ese anuncio público, Fusión Onubense ampliaba capital y su objeto social (publicado en Borme) para explotar centros residenciales de atención a personas mayores y recibía en la misma época (2010) una subvención cercana a los 223.000 euros para la formación de desempleados, publicada en BOJA y confirmada a ABC por uno de los socios, Manuel Villegas.

«Los cursos se dieron y las clases se impartieron con todas las condiciones», afirmó Villegas, asegurando que se prepararon cuatro aulas para albergar los cursos (albañilería, pintura, jardinería y hostelería), en contra de la versión que han trasladado a la UDEF de la Policía Nacional varios de los desempleados que participaron en los mismos, y que han descrito aulas sin material y con falta de higiene.

Al menos teóricamente, los cursos formaban parte de la preparación del personal que luego trabajaría en el geriátrico. El compromiso era contratar al 60% de los desempleados que se formaron, unos 15 por cada uno de los módulos, concretó el empresario.

Según Villegas, al no poder justificar las contrataciones pactadas, recibieron de la Junta unos 178.000 euros de los 223.000 euros que tenían concedidos. «Había una persona de la Junta, Blanca, que era la que supervisaba los cursos y dio hasta los diplomas», aseguró Villegas.

En contra de los testimonios que tienen en su poder los investigadores sobre el presunto uso de los alumnos para reconstruir un vivienda que hay en el complejo, el empresario afirma que «los alumnos hacían las prácticas en las instalaciones, lo mismo en los jardines que en la casa que está al fondo, a medio hacer».

Villegas, que hasta el momento no ha sido llamado a declarar, sabe directamente por boca de algunos alumnos que han tenido que desfilar delante de los investigadores de la UDEF. «La empresa se arruinó y tuvimos problemas para pagar» porque no podía hacer frente al coste que le suponía llevar a cabo un plan urbanístico exigido por el Ayuntamiento para construir en el complejo. Desde la Junta, se han limitado a indicar que en Educación tras las transferencias de las competencias recibidas del SAE en materia de Formación, se trabaja «de forma rigurosa».