El «método andaluz» de repartir subvenciones sin control

¿En qué consiste este particular método que examina una decena de juzgados? El denominador común es la utilización de un entramado de sociedades y agencias por parte de la Junta para repartir más de 3.000 millones de fondos públicos destinados a los parados (en la región europea con la tasa más alta de desempleo) al margen de los rigurosos filtros legales a los que se somete el presupuesto directamente gestionado por las consejerías.

Abonado el campo para el descontrol, que tenía su centro de operaciones en la antigua Consejería de Empleo, echó raíces la corrupción. Altos cargos beneficiaron a su familia, amigos, empresarios cercanos al PSOE y sindicatos afines, según indicó en la causa de los ERE el «alma mater» de esta cadena de investigaciones en los tribunales, la juez Mercedes Alaya. La magistrada de Sevilla investiga también la responsabilidad de la antigua nomenclatura dirigente en el caso de formación. Las primeras pesquisas arrancaron el pasado mes de abril con la primera fase del «caso Edu», al que han seguido los casos Óscar (centrado en el exconsejero Ángel Ojeda) y «caso Edu Costa».

Los escándalos son variantes del mismo sistema clientelar que permitió al PSOE perpetuarse en el poder durante 34 años a costa de comprometer subvenciones para prejubilados, empresas en crisis (caso ERE) o academias, agentes sociales y centros de formación (Casos Edu, Óscar y UGT). Hay 352 imputados (265 sólo en los ERE) en las diferentes causas . Cuarenta de los acusados son ex altos cargos por ahora.