La Junta no ha hecho el chequeo a la Administración paralela que prometió Susana Díaz

Los sindicatos más representativos del sector, CSIF y SAF dudan de la efectividad de este chequeo porque, según coinciden, «a la Junta le da miedo poner orden» en su «Administración paralela» porque se juega mucho en las elecciones.

El informe «se está ultimando», aseguraron a ABC fuentes de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, y en el mismo han estado trabajando altos funcionarios de la Junta. Las mismas fuentes minimizaron el hecho de que se haya sobrepasado la fecha de culminación del estudio, 19 días de momento, y justificaron este extremo en que «la gente ha estado de vacaciones» durante la Navidad. El documento, por tanto, se dará a conocer «en los próximos días», sin concretar.

La demora ha sido valorada en clave negativa por parte de los sindicatos con mayor implantación en el sector de la función pública andaluza. Francisco Iglesias, secretario de Acción Sindical de CSIF-A, aseguró que se trata de un «incumplimiento flagrante y nos sentimos engañados».

Ha pasado el tiempo «y lo que hay es una dejadez absoluta en la Consejería. María Jesús Montero está dedicada en cuerpo y alma a la parte de Hacienda y ha abandonado totalmente la de Administración Pública». Y en este sentido subraya que la Junta «tiene miedo a poner orden en la Administración paralela», para que todas las personas que pertenezcan a las misma cumplan con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y por otra parte resaltó que de una vez por toda habría que establecer si la dimensión que tiene es el necesario y si tendría que producirse un trasvase de personas desde unas empresas públicas a otras en función de las necesidades.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el más representativo en lo que se refiere a la Administración General de la Junta, está presidido por José Manuel Mateo, quien aseguró que la Junta teme «poner orden» en la Administración paralela «porque son muchos los votos que pierde. Hay miedo, aquí y en otras partes, a que la Administración pública esté acotada por el personal funcionario». Recordó Mateo que allá por 1984, en los albores de la autonomía, «el PSOE metió de un plumazo a un montón de gente y le otorgó la calificación de empleado público».