Un amigo de Lanzas «no se explica» cómo su hija y su pareja se colaron en un ERE

Para encajar las piezas, la magistrada se valió de testimonios de trabajadores de la empresa y de un exhaustivo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que narra un episodio digno de figurar en «La escopeta nacional». En el citado atestado, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica destacan «un claro trato de favores entre Juan Lanzas y Juan José Viedma».

El trato, que no desmerece a los marrulleros contactos especulativos de la película de Luis Berlanga, era sencillo. Viedma invitaba a cazar a Juan Lanzas Fernández , gran aficionado a las monterías, en la finca que posee a tan sólo 14 kilómetros de distancia de Albanchez de Mágina (Jaén), el pueblo del conseguidor. A cambio, el intermediario de los ERE consiguió sendas pólizas para su pareja sentimental, Adoración Navarro Fernández, y a su hija, Juana Pilar Viedma Ocaña , quienes estaban lejos de cumplir la edad para prejubilarse, ya que sólo tenían 40 y 30 años, respectivamente.

Viedma negó su intervención en la póliza de su pareja pese a convivir con ella. Ante la juez, fue categórico. Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso ABC, expuso que «Lanzas nunca ha sido amigo» suyo (lo repitió dos veces) y que éste «nunca ha cazado en su finca», tal y como manifestó en su primera declaración. Explicó que s u coto «no es de caza mayor» y que el exdirigente ugetista, por tanto, «no puede cazar». Es más, especificó que sus tierras no son aptas para actividades cinegéticas, porque están dedicadas a la agricultura ecológica del olivar.

Lanzas no tardaría en cobrarse el «favor» que niega el imputado. Según relató a los agentes el tesorero de la asociación de antiguos empleados del matadero, Lanzas fletó un autobús que trasladó a más de veinte trabajadores desde el municipio cordobés de Fuente Obejuna hasta la sede de la sociedad Técnicas Agrícolas Ecológicas e Integradas, administrada por la hija de Viedma. El conseguidor lo arregló todo para que ésta los diera de alta entre 16 y 21 días en la empresa aceitera mediante «contratos a todas luces falsos» —sostiene Alaya—, pues nunca llegaron a trabajar allí. Una triquiñuela que les permitió pedir el Convenio Especial con la Seguridad Social y acceder así a las prejubilaciones.