Susana Díaz y Mercedes Alaya, duelo en las alturas

Aunque la Junta de Andalucía había criticado abiertamente a la instructora de los ERE, podría decirse que no ha sido hasta que Alaya se acercó en sus autos a la gestión de Susana Díaz hace solo unas semanas, cuando el Ejecutivo andaluz se dio cuenta de que el punto de mira de la instructora no era solo la gestión de los anteriores presidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. No. La investigación de las macrocrausas podía llegar a la mismísima presidenta de la Junta de Andalucía. Y entonces se decidió a actuar.

Sin duda, la petición a la Junta de Andalucía en la investigación de los ERE de las actas de los «consejillos» de una década (la reunión preparatoria del Consejo de Gobierno), incluyendo los de la época de Díaz como consejera de la Presidencia, fue una de las gotas que colmó el vaso. Los servicios jurídicos del Ejecutivo andaluz, que intentaban un golpe de efecto publicando en la web las citadas actas y entregándoselas a Alaya, recurrían esa decisión. Ylo hacían basándose en que, a su juicio, la afirmación de la juez dando por hecho que la Junta de Andalucía carece de competencia en materia de ayudas sociolaborales, vulneraba hasta el Estatuto de Autonomía ya que Andalucía tiene transferidas desde hace años esas competencias de empleo.

El colmo para la Junta llegó cuando supo que Teodoro Montes, el testigo clave, fue desviado por el juzgado de instrucción seis hacia la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que Mercedes Alaya decidió investigar sus denuncias sin remitírselas al decanato para que decidiera quién debía instruir. La Junta insiste en que ello «vulnera el derecho al juez natural» y que hay una intención de la juez de acaparar el caso.

Los abogados de los dos únicos imputados en la formación, los de los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, no se han pronunciado sobre su postura en ese recurso e insisten en que actuarán según lo que proceda en derecho. Pero no es descabellado que se mostraran de acuerdo con las tesis de la Junta. El propio letrado de Ojeda recurrió el hecho de que fuera Alaya la que lo investigara en lugar de seguir en Cádiz.

Otro auto del pasado lunes en el que la instructora abordaba la gestión de la actual presidenta también en la macrocausa de la formación hacía saltar las alarmas. Pedía un acta de un Consejo de Gobierno del pasado enero relativo a la disolución de unos consorcios escuela y más datos de la Faffe.

En el otro lado de la trinchera, Alaya mantiene sus propios argumentos para los polémicos escritos que ha firmado en los últimos días. Así sostiene la petición de los «consejillos» en que considera que ello podría demostrar el «conocimiento generalizado» que tenían «las más altas instancias de la Junta de Andalucía» de que se estaban vulnerando competencias del Estado al dar subvenciones sociolaborales.

Y, en cuanto al fraude en la formación, las declaraciones del funcionario Montes, al que la juez ha declarado testigo protegido, daba a la instructora argumentos más que suficientes para su macrocausa. Denunciaba comisiones, graves irregularidades, o incluso habló de un «emporio» montado por el exconsejero andaluz de Hacienda, Ángel Ojeda.

Alaya justifica sus últimas peticiones, sobre todo la de las actas de un consejo de la época de Díaz, en la existencia de «graves irregularidades» en las concesiones de cursos de formación por parte de la Consejería de Empleo.

Es una de las bazas de la instructora. Nada más producirse el testimonio de Montes, la Fiscalía Anticorrupción no dudaba de la competencia de Alaya para seguir dirigiendo la investigación del sumario de la formación y recordaban que hace un año ya se decidió que fuera ella la que lo llevara. Si no hay cambios, ese apoyo puede ser importante.

La Audiencia de Sevilla ya avaló a Alaya cuando fue recusada por uno de los defensas por el hecho de que su marido hubiera sido auditor de Mercasevilla. Los jueces no vieron motivo para esa recusación aunque la Audiencia también ha anulado la millonaria fianza que impuso a Magdalena Alvarez.

Otra bala que guarda Alaya en la recámara es la posible expulsión de la Junta de Andalucía en los ERE. De momento, ha pedido al fiscal que se pronuncie sobre una petición de Manos Limpias para expulsarla como acusación particular por actuar como una defensa. La batalla acaba de empezar.