El juez ve pruebas «suficientes» contra Pastrana y Fernández por delitos de falsificación y fraude en UGT-A

En una providencia dictada el pasado 22 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, señala que, concretado el periodo de investigación al periodo de 2009 a 2013, «aparece» que Pastrana fue secretario general de UGT-A hasta mayo de 2013, mientras que Fernández Sevilla fue secretario de Organización «en el mismo tiempo» y posteriormente «asumió responsabilidades» como secretario general del sindicato.

El juez señala que la declaración prestada por el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda «es contundente cuando ratifica la implicación» de ambos en las decisiones ejecutivas del sindicato, «y en concreto las referidas a la creación de la central de compras, órgano o mecanismo esencial en la realización de la actividad fraudulenta investigada».

Al hilo de ello, el instructor explica que ésta última «se concretaba en el establecimiento de la técnica de 'rapel', que permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, por no declararse dichos descuentos a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención».

El juez también alude al llamado 'bote', «informatizado y controlado a través del programa informático Spyro en un sistema que facilitaba al sindicato financiarse con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas , que no correspondían a servicio prestado alguno, pero que eran imputadas a programas subvencionados».

En un escrito elevado al Juzgado el pasado 6 de octubre, el Ministerio Público pidió al juez que citara a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación «directa» en las actividades investigadas .

En primer lugar, la Fiscalía ponía de manifiesto en su escrito que tanto Pastrana como Fernández Sevilla «fueron titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato», precisando que el primero de ellos «fue secretario general durante todo el desarrollo de los hechos investigados y hasta mayo de 2013».

De su lado, Fernández Sevilla «fue secretario de Organización durante el mismo periodo y luego secretario general, y según declaraciones de todos los testigos, pertenece al núcleo de decisión» junto con Manuel Pastrana y el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda .

Según explica la Fiscalía, «este núcleo de decisión se concentra desde el punto de vista orgánico en la comisión ejecutiva del sindicato», aseverando que esta comisión ejecutiva, «y singularmente los acusados, nosolo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento».

A continuación, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Sot o, hace un resumen de los hechos investigados, indicando que, «en esencia, el objeto del presente procedimiento es la financiación irregular del sindicato UGT Andalucía a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación».

Según pone de manifiesto, los hechos investigados «comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada central de compras, cuestión que se deduce no solo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados», y explica que esta central de compras «fue inspiración directa de Manuel Pastrana, según lo manifestado por Fresneda, y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de organización , sino en el periodo que sucedió a Pastrana».

El Ministerio Público señala que «esta financiación ilícita» se llevaba a cabo por medio de varias «vías», la primera de ellas el denominado 'rapel' , una «figura a tenor de la cual se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por este y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato».

«Luego ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración», asevera el fiscal, precisando que «los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este 'rapel' se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales», y «el lugar en que se hacía era la comisión ejecutiva».

Otra «vía» era el 'bote', a través del cual el sindicato «encargaba la elaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros , y siempre previo pago de esas facturas», lo cual «hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese 'bote'».

«Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación », pone de manifiesto la Fiscalía en su escrito.

El Ministerio Público destaca que en la rendición de cuentas que Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva «se incluía el monto obtenido por el 'rapel', se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión», tal y como afirmó Roberto Macías, secretario de Fresneda en Administración y posteriormente en el departamento de compras.

Según la Fiscalía, la declaración de Fresneda «corrobora esta afirmación , ya que era la propia comisión ejecutiva quien decidía las empresas que pagaban el 'rapel', señalando expresamente a Pastrana y Fernández Sevilla».

En cuanto al 'bote', la Fiscalía afirma que este «llegó a tener plasmación contable y registral» en 'Spyro', un programa informático que «contaba con apartados para asentar tales anotaciones al margen de la legalidad », algo que «no solo fue inspirado por cargos del sindicato, como María Charpín, sino que su encargo, aprobación y pago fue realizado desde la comisión ejecutiva».

«Es más, según declaraciones de Roberto Macías, Pastrana nombró a María Charpín para la ejecutiva con esta finalidad», precisa la Fiscalía.

Asimismo, el Ministerio Público hace alusión a la declaración como testigo de Germán Damián Domínguez, ex secretario de Cultura y Formación del sindicato, quien señaló «cómo había una decisión de retener un 20 por ciento de todas las subvenciones que recibía el sindicato para fondos de formación y destinarlo a gastos corrientes del mismo y que era conocido por la ejecutiva regional como el canon revolucionario».

Según la Fiscalía, «este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud, a tenor de las declaraciones de personal relevante del mismo, que prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación».