Alaya pide a la Junta las actas de los consejillos desde 2001

La petición, que tiene lugar cuando la instructora del sumario de los ERE está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los aforados, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que lo que pide son las reuniones de los viceconsejeros que tienen lugar cada semana normalmente los lunes previamente a la reunión del Consejo de Gobierno que se produce los martes.

Alaya hace esta solicitud, que fue pedida por la acusació particular del PP, para saber si en esos consejillos se analizaban cuestiones como el «uso ilícito de las transferencias de financiación» para el pago a IDEA de las subvenciones sociolaborales. Pero también «sobre la existencia de procedimientos en la concesión de todas las subvenciones, sobre la falta de fiscalización previa, obre el importante déficit presupuestario generado por la Consejería de Empleo y el consiguiente débito con IDEA que anticipaba el pago de una subvenciones que se otorgarían arbitrariamente, sobre las modificaciones presupuestarias para incrementar el crédito presupuestario del programa 31-L, sobre los acuredo de colaboración entre la Consejeria de Empleo y la Consejería de Innovación».  Y para saber si en dichos actos se recogen extremos que pongan de manifiesto «el conocimiento generalizado entre las mas altas instancias de la Junta de Andalucía de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión de subvenciones y acerca de la ilegalidad de dicho procedimiento de concesión y pago». Un conocimiento previo que, según Alaya, ya existía en la fase de elaboración de los presupuestos

Y esas reuniones para preparar la reunión del Gobierno de los martes, están presididas por el consejero de Presidencia de turno, cargo que durante varios años fue ocupado por Gaspar Zarrías , uno de los aforados que está incluido en la exposición razonada que Alaya envió al Supremo. Lan petición de Alaya se hace para que la Junta, que ya tuvo que entregar las actas de los consejos de Gobierno provocando una batalla entre el Ejecutivo y la magistrada, entregue estos documentos en el plazo de diez días.

En el mismo auto firmado hace solos dos días en el que la instructora hace esta solicitud también requiere mas documentación sobre las pólizas de la Faja Pirítica de Huelva , mas papeles a IDEA así como los reparos que puso la Intervencion delegada de la Consejería de Empleo a los expedientes de justificación de gasto ordenado por la  encomienda de 2010. Alaya también cita a declarar a dos testigos asi como mas documentos sobre el desarrollo del Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz.

En ese mismo auto la juez también reclama a Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que aporte los expedientes de modificación de los certificados de los coeficientes reductores de los extrabajadores de la Faja Pirítica de Huelva, otorgados en la época del Gobierno del PP. También se le pide a la secretaria general técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social la certificación de ingreso de en la Tesorería General de la Junta de Andalucía de la aportación financiera de ocho millones de euros reralizada por el Servicio Público de Empleo Estatal , autorizada por el Consejo de Ministros de noviembre de 2008 para el desarrollo del Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz .

Se trata por tanto de documentación que se solicita al Gobierno central que en esa época estaba en manos del PP.