UGT Andalucía: la crisis que no cesa

La entronización como líder de Carmen Castilla en un comité extraordinario (en contra del criterio de Cándido Méndez, que abogó por un congreso catártico) tampoco ha logrado amortiguar el impacto de la caída . La central ha quedado a merced de una estrategia de desgaste que escapa a su control y que amenaza con írsele de las manos, marcada por el propio devenir judicial , que augura nuevas detenciones, y por la revisión iniciada por la Junta de 26 millones de euros correspondientes a 21 ayudas. UGT-A es presa de la codicia que le llevó a idear «diversos métodos» de «financiación ilícita», según la tesis de la Guardia Civil.

Un síntoma palpable de la frágil estabilidad que reina en la confederación regional es la reciente deserción de un tercio de los miembros de la ejecutiva refrendada hace sólo ocho meses. Se han ido nada menos que los números dos y tres del sindicato: Manuel Ferrer y Juan María Martínez , secretarios de Organización y de Administración, quienes, al igual que Castilla, ya estaban en el cuadro de mandos del exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla , quien dimitió por la trama de las supuestas facturas falsas. A estas bajas significativas se suma la de Consuelo Núñez, secretaria de Políticas Sociales e Igualdad.

La crisis no cesa. Como demuestra el hecho de que sólo el 63 por ciento de los 116 delegados del comité respaldaron a los nuevos miembros de la ejecutiva el pasado miércoles. La cúpula actual ha desvinculado las dimisiones de los casos de corrupción , convencida de que la mejor defensa consiste en aguantar, ganar tiempo y esperar a que la tormenta escampe. Entre tanto, ha lanzado tímidas señales de cambio como la publicación de las cuentas de UGT-A meses antes de la fecha fijada por imperativo legal y ha tratado a toda costa de desentenderse de la herencia recibida argumentando que los actuales dirigentes no formaban parte de la autoría del estropicio y están limpios de las salpicaduras de los fraudes.

Pero le va a hacer falta algo más que un manual de autoayuda para escapar a la onda expansiva de las pesquisas judiciales. Nuevos nombres propios van a aparecer en los sumarios judiciales y amenazan con demoler el endeble cortafuegos de responsabilidades que ha construido. El tesorero del sindicato entre 1998 y mayo de 2013, Federico Fresneda , detenido en la «Operación Cirene», ya ha puesto en marcha el ventilador de las culpas en su declaración ante el juez.

El Ejecutivo de Susana Díaz ha firmado cinco expedientes de reintegro que obligan al sindicato a devolver 4,9 millones por irregularidades en el uso de ayudas y ha bloqueado el pago de nuevos fondos. La propia Junta ha puesto en solfa la teoría evasiva del sindicato, que fió toda su defensa a la negación de toda irregularidad y a la denuncia de una conspiración mediática para socavar la lucha obrera. Con el pretexto de que la documentación ya estaba en poder del juez, Castilla cerró en falso, sin desvelar sus conclusiones, la comisión que creó su predecesor hace un año para rebatir las revelaciones periodísticas. Año y medio después del fin del «pastranato», UGT-A sigue sin encontrar la ansiada brújula para salir de su laberinto .

A falta de explicaciones sobre el supuesto desvío de fondos, el sindicato interpuso sendas querellas criminales contra dos exempleados y contrató una empresa especializada en espionaje informático para localizar a los supuestos autores de las filtraciones a los medios de comunicación.