Ni comisiones de investigación ni plenos extraordinarios en el Parlamento andaluz

Antonio Maíllo, coordinador regional de Izquierda Unida, valora «permanentemente» dar su respaldo a la constitución de las comisiones de investigación que periódicamente reclama el PP al calor de la aparición de los escándalos de corrupción, el último de ellos el de los cursos de formación. Pero de ahí no pasa.

El argumento del PSOE para mostrar su rechazo es que «pretender convertir el Parlamento en un instancia judicial no conduce a ninguna parte»

El portavoz socialista en la Cámara regional, Mario Jiménez. sostiene que el Parlamento «no se puede convertir en un circo ni puede ser eco de los circos que pretende montar el PP-A para distraer la atención de lo que está ocurriendo en España con la crisis económica y con su propia corrupción». Ante tales posturas, el PP tiene como única salida la denuncia sistemática ante la opinión pública.

Carlos Rojas, portavoz parlamentario del Grupo Popular, afirma que es la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «la abanderada del pacto de silencio» para «tapar» los casos de corrupción, «para que no se pueda hablar de ellos y para que no se puedan dar explicaciones». Rojas lamenta que Susana Díaz no responda sobre casos concretos que afectan a su partido, el PSOE, de los que ella «sabe mucho porque ha estado en su sala de máquinas con responsabilidades». En definitiva, Rojas afirma que se quiere evitar a toda costa que se investiguen en sede parlamentaria episodios como los que se exponen a continuación.

El pasado mes de abril, el parlamentario autonómico del PP Rafael Ruiz Canto exigió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y al PSOE de Cádiz «la apertura de una comisión de investigación por la trama gaditana de los fondos de formación». La petición no encontró eco alguno. Ayer UPyD también consideró necesario que el Parlamento andaluz investigue este escándalo en su conjunto. Según este partido, ante la comisión deben comparecer la presidenta de la Junta y consejeros y exconsejeros de Economía y Educación.

El Pleno celebrado el pasado 29 de mayo rechazó con los votos en contra de PSOE e IU la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre la gestión de los fondos públicos por parte de la desaparecida Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), adscrita a la Junta. Según un informe de la Cámara de Cuentas correspondientes a los años 2009 y 2010, hay cerca de 50 millones sin justificar en materia de subvenciones. Según manifestó la secretaria general del PP-A, Dolores López en la citada sesión plenaria, la Faffe «es un invento del Gobierno andaluz para saltarse los controles de la Administración».

Meses antes, en febrero, concretamente en el pleno del día 14, nuevamente PSOE e IU unieron sus votos para tumbar la petición de los populares de constitución una comisión de investigación sobre el caso Invercaria, la empresa pública de Inversión y Gestión de Capital de Riesgo de Andalucía, considerada por los populares como «otro fondo de reptiles» similar al que se utilizaba en el asunto de los ERE para «otorgar ayudas injustificadas a empresarios amigos del Gobierno andaluz con arbitrariedad», en palabras del Parlamentario del PP-A Rafael Salas. Este asunto también está siendo objeto de una investigación judicial, y en el mismo está imputada toda la antigua cúpula de la entidad.

Octubre de 2013. El día 10 volvió a repetirse, en el mismo escenario del Parlamento, un acuerdo PSOE-IU para echar por tierra la comisión de investigación que el PP reclamaba sobre el denominado Plan Bahía Competitiva. Para los populares se trataba de profundizaren una trama «perfectamente orquestada en beneficio de unos pocos» que supuso «el robo» de casi 25 millones de euros en forma de subvenciones, dinero del que supuestamente se beneficiaron empresas instaladas en la provincia al calor de las ayudas que se aprobaron como alternativa al cierre de al factoría de Delphi en julio de 2007, que dejó sin empleo a 2.000 trabajadores. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz se ocupó del asunto. El PSOE basó su rechazo a la comisión en que fue la Junta la que denunció el caso ante la Justicia. IU, a su vez, se refirió a la iniciativa del PP como «un ejercicio de muy escasa seriedad».

La intención del Grupo Popular de abrir una investigación en el Parlamento sobre el presunto uso inadecuado de la ayudas de la Junta al sindicato UGT fue frenada por el presidente de la Cámara, el socialista Manuel Gracia, tras manifestar en diciembre del pasado año que la institución parlamentaria no era el lugar adecuado, dado que tanto los jueces como el propio Gobierno ya estaban haciendo averiguaciones sobre lo ocurrido. Lo ocurrido era, tal y como habían informado los medios de comunicación, que dirigentes ugetistas pagaron con subvenciones públicas una mariscada de 2.047 euros, se compraron maletines falsificados, cobraron sobresueldos o costearon una cena con barra libre en la Feria de Abril de Sevilla en 2010. No es el único caso que afecta al sindicato. También está implicado en el de los cursos de formación.

En abril del presente año, en plena polémica por el realojo de los okupas de la Corrala Utopía en pisos de la Junta, el PP planteó la necesidad de constituir una comisión de investigación en el Parlamento, y la celebración de un pleno extraordinario y monográfico. La primeras petición no se llegó a concretar formalmente, y la segunda fue rechazada por el PSOE e IU, en la reunión de la Junta de Portavoces del 23 de abril. Con el realojo, según el PP, el Gobierno andaluz había «pisoteado el principio de legalidad en beneficio de los de su cuerda política». Este caso produjo un amago de ruptura en las relaciones entre PSOE e IU, hasta el punto de que la presidenta Susana Díaz retiró por unas horas las competencias de Vivienda a la Consejería comandada por Elena Cortés.