Las exoneraciones «taparon la falta de gestión de la Junta», según empresas de formación

En un comunicado, Cecap Andalucía, que representa a más de 300 centros de formación andaluces, ha indicado que «todas las entidades han justificado en tiempo y forma conforme a las instrucciones emanadas de la administración autonómica», mientras que la Junta «exoneró por defecto todos los años, todos los expedientes y a todas las entidades como consecuencia de su falta de gestión y resolución administrativa».

Lamenta que las empresas de formación «somos el epicentro de una batalla política interesada y permanente cuya espiral mediática está afectando dolosamente a las entidades y a los desempleados que no pueden formarse para lograr un puesto de trabajo».

Cecap Andalucía, que lamentan «determinadas afirmaciones que distan mucho de la verdad y que confunden y crispan al ciudadano ante un tema tan delicado como la formación a personas desempleadas que precisan de una recualificación para encontrar un empleo», ha criticado la «tergiversación» de los conceptos de exoneración y «la utilización de la mentira como arma arrojadiza entre partidos políticos sobre la formación, lo que conlleva a fragmentar la sociedad, alejándonos de una cohesión social sobre la base de una formación de calidad y competitiva».

Sobre el listado publicado por la Junta, anexo a la resolución de diciembre de 2012, Cecap ha explicado que dicha resolución «no exonera de la obligación de justificar los gastos acometidos a todas las entidades beneficiarias de fondos de formación y en concreto a las que en dicho listado se relacionan», de manera que ha agregado que esta resolución «simplemente permite que ante posteriores gestiones sobre dichas entidades beneficiarias la falta de resolución por parte de la administración no impida que se puedan resolver incluso expedientes anteriores a ese o bien nuevas resoluciones».

Para Cecap, «la medida recurrente de la Administración en los últimos años de exonerar de forma prácticamente automática no es óptima y evidencia una falta de agilidad y capacidad de gestión incomprensible», pero deja claro que «ello no nos puede llevar a análisis erróneos como la afirmación de que el procedimiento eximía de la justificación, máxime cuando además los principales perjudicados del proceso de exoneración son precisamente las entidades beneficiarias».

Así, ha insistido en que «en un altísimo porcentaje las citadas entidades, y en concreto dichos expedientes, ya estaban justificados y entregados en tiempo y forma por parte de los beneficiarios, siendo la Administración la que tenía la obligación de revisar y liquidar, algo que recurrentemente tardaba años y años en hacer». Así, ha precisado que a día de hoy se encuentran expedientes de 2007 pendientes de justificar «cuando sus beneficiarios han entregado dichas justificaciones hace más de cinco años».

«La presidenta de la Junta, el consejero de Educación y cualquier miembro del Gobierno andaluz mienten intencionadamente si afirman que el problema es de las entidades de formación y de los beneficiarios, pues ellos mejor que nadie saben que a la situación actual se ha llegado como consecuencia de la parálisis administrativa que aún hoy tienen y que impide que miles y miles de expedientes justificados en tiempo y forma aún no estén revisados, resueltos y liquidados a favor de tantas y tantas empresas arruinadas por su gestión», ha agregado Cecap Andalucía.

Las empresas de formación también ha recordado que «el verdadero beneficiario de estas subvenciones siempre es el desempleado que recibe la formación cien por cien gratuita, el centro de formación o la entidad privada que lleva a cabo la acción formativa simplemente presta un servicio por el que soporta cuantiosos gastos, mantiene una plantilla de profesionales, unas instalaciones y desarrolla una actividad empresarial como cualquier otra».

Asimismo, sobre la nueva Ley de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, Cecap Andalucía ha recordado que la Cámara de Cuentas y en concreto la justicia, «señalaron que el mayor descontrol ha sido la encomienda de gestión que se hizo sobre la administración paralela, en concreto sobre fundaciones del propio gobierno».

Por ello, esta patronal ha advertido de que se opondrá a «cualquier normativa que impida a la empresas privadas a participar en la formación para el empleo y a seguir colaborando como en los últimos años». Asimismo, ha lamentado la «ineficiencia» de la formación profesional actual «donde no se cubren todas las especialidades y se dejan fuera a 40.000 demandantes».

Cecap Andalucía ha reiterado su denuncia de la realidad de la formación para el empleo en la Comunidad desde hace años y ha advertido de que continuará poniendo de manifiesto «realidades y verdades que aún persisten, como el hecho de que actualmente la Junta de Andalucía tiene más de 5.000 expedientes sin resolver y liquidar por falta de gestión y liquidez, unos expedientes que se encuentran justificados en tiempo y forma por las entidades de formación, en algunos casos desde 2007, pero que la falta de gestión de la Junta impide que se liquiden».

Ha recordado que esta situación» ha causado en los últimos años el cierre de centenares de empresas que se encuentran quebradas en la mayoría de los casos al no recibir los pagos por los servicios prestados».

Cecap recuerda que Andalucía «es la única comunidad en todo el territorio nacional que no convoca formación para desempleados en los dos últimos años, a pesar de las transferencias millonarias recibidas desde el Gobierno central, que desconocemos en qué se ha gastado». «Andalucía es la comunidad con más desempleados de todo el territorio nacional y con la tasa de desempleo joven más alta de Europa y sin una oferta formativa que permita la recualificación de los mismos», se lamenta.

Asimismo, ha recordado que actualmente «se encuentran centenares de cursos sin comenzar por falta de liquidez y de gestión de la Dirección General de Formación para el Empleo, la cual admitió en la última reunión con Cecap que como pronto tardaría en resolver los expedientes un año y, ello impide que los centros puedan poner en marcha nuevos cursos de formación».

Lamenta que la Consejería «no desarrolla la normativa que permite desde hace más de dos años llevar a cabo formación sin financiación pública, a iniciativa privada, como opción a la falta de oferta formativa gratuita y la cual se ha desarrollado ya en otras regiones con muchos menos desempleados».

«Luciano Alonso menosprecia a las empresas del sector, generadoras de empleo y de tejido empresarial y marca como objetivo seguir alimentando un sector público sobredimensionado con empresas públicas y administración paralela», se lamenta Cecap Andalucía, quien ha instado a todos los responsables políticos que «sean rigurosos en el tema del uso y gestión de los fondos de formación».

Reconoce que «en numerosos casos se ha realizado una mala gestión, incluso llegando a actuaciones delictivas», las cuales condenan y solicitan que se haga justicia, pero han dejado claro que «la labor desarrollada por las empresas en el ámbito de la formación para el empleo ha tenido una repercusión importante en Andalucía».