La corrupción marca el nuevo curso político de la Junta de Andalucía

Un ejemplo de ello fueron los dos principales acuerdos que ayer aprobó el Ejecutivo andaluz en su primera reunión: una nueva Ley de Formación Profesional, que incremente los controles para evitar el fraude, y una modificación de la agencia IDEA, el epicentro del escándalo de los ERE.

Con respecto a los cursos de formación, la principal novedad, del anteproyecto aprobado ayer es que se prohibe exonerar (liberar) a las empresas de rendir cuentas como ocurría hasta ahora. Para evitar los excesos que han provocado varias investigaciones, la nueva norma crea el registro de Centros de Formación Profesional simplificando los procedimientos y elevando la exigencia de calidad para formar parte de la red de centros.

De esta manera, lo que se pretende es que solo puedan impartir formación profesional las entidades y agentes sociales a través de sus centros debidamente registrados.

Igualmente se impondrá la obligación de tener autonomía financiera y experiencia previa para acceder a las subvenciones que se concederán por convocatoria pública.

Pero también para evitar las empresas «caza subvenciones», se establecerá que las entidades que dejen de funcionar durante un año quedan fuera. E igualmente se establecerán sanciones para las entidades que incumplan las normas. Aunque el Ejecutivo insistió ayer en que la nueva Ley tiene como finalidad la cualificación de la Formación Profesional, está claro que el escándalo ha sido el detonante de la nueva norma.

La otra gran novedad del inicio de curso también está relacionada con la corrupción. En este caso con los ERE. El Ejecutivo ha aprobado la modificación de los estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, IDEA. La famosa agencia de la que partieron las transferencias de financiación cambia para adaptarse a la reordenación del sector público pero también para «avanzar en la transparencia y reforzar el control de la gestión interna».

IDEA, cuya anterior cúpula está imputada en los ERE y en el caso Invercaria, pasa a ser un agencia pública empresarial con personalidad jurídica que será presidida por el viceconsejero de Economía en lugar del consejero como ocurría hasta ahora.

Además otra importante novedad es el hecho de que, a partir de ahora, las subvenciones por encima de 450.000 euros serán aprobadas por el Consejo Rector y luego ratificadas por el Consejo de Gobierno. Un requisito que antes se fijaba en ayudas por encima de 1,2 millones de euros. Se trata pues, de un importante cambio.