La Junta obligará a una inscripción previa para impartir cursos de formación

En una comparecencia que ha dado la mañana de este martes, el titular de Educación, Luciano Alonso, ha explicado el contenido de la nueva Ley de Formación Profesional, cuyo objetivo, según ha recalcado, es la cualificación profesional de la población activa de Andalucía, aunque también seguir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas sobre la irregularidades que se han producido en estos cursos y que han provocado varias investigaciones judiciales.

En este sentido, solo un día después de que la Junta de Andalucía hiciera público el listado de entidades que fueron exoneradas de justificar para recibir la adjudicación de cursos en el año 2011, el Ejecutivo ha garantizado que la nueva Ley prohibirá nuevas exoneraciones. «No vamos a exonerar ni a exceptuar a nadie», ha dicho Luciano Alonso insistiendo en que desde que llegó Susana Díaz a la Presidencia de la Junta dio orden de que no se exonerara a nadie.

Entre los controles que incluye la nueva norma, el Gobierno ha asegurado que no se permitirá que hagan cursos de formación empresas que no estén dentro de la red de centros públicos que va a crearse expresamente para ello. En este sentido ha recalcado que estas entidades en ningún momento podrán desarrollar su labor a través de subvenciones y que todo centro que deje de funcionar durante un año no podrá recibir ayudas públicas.

Sin embargo, ni el consejero ni el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, han facilitado el dato del total de empresas que se han beneficiado de esta exoneración de la que ya alertó la Cámara de Cuentas y que, según los datos que se conocen, superan los 2.000. Lo que si ha anunciado el Ejecutivo es que la Junta de Andalucía está verificando los expedientes de las suvenciones para cursos de formación desde el año 2007 hasta 2013.

Pero el Consejo de Gobierno de hoy también ha aprobado la modificación de los estatuto de la Agencia IDEA, (de la que partieron las transferencias de financiación) para incrementar los mecanismos de control aunque Vázquez lo ha desvinculado del caso de los ERE fraudulentos y lo ha enmarcado en la necesidad de una mayor transparencia. «No queremos que vuelvan a repetirse situaciones del pasado», ha dicho.