«Estos perros me van a pagar lo que deben porque se lo han llevado calentito»

El informe de la citada unidad de la Policía Nacional analiza cada una de las 17 empresas que se beneficiaron de la Resolución de diciembre de 2010 de la Dirección de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que investiga el «caso Edu» -la parte de esta causa que se centra en la provincia malagueña- refleja que facturas de teléfono, consumo eléctrico y gas de distintas empresas que al ser investigadas se comprueba que tienen que tienen la misma dirección y administrador que una de las academias, el Centro de Formación Profesional Feijo S.L. «Nos encontramos ante una facturación simulada para justificar los fondos obtenidos como subvención para formación», concluyen los responsables del caso.

Realizaba barbacoas en su casa y fanfarroneaba de que las pagaba la JuntaPor otra parte, uno de los asistentes al curso «Soldador de estructuras metálicas ligeras» de esta academia relató que uno de los responsables presumía de forma reiterada de las ayudas que recibía de la Administración autonómica y que con asiduidad organizaba barbacoas en su domicilio fanfarroneando afirmaba que «pagaba la Junta».

Este alumno, uno de los más de 250 que ha interrogado la UDEF, recordó que esta persona les decía que «un amigo suyo estaba relacionado» con el Gobierno andaluz y que por el curso que él percibía 240.000 euros, la Administración regional ingresaba 600.000. Hay que recordar que el 80 por ciento de los fondos para la formación provienen de la Unión Europea (UE). El testigo afirmó que el directivo que les contó que «estos perros –en relación a la Junta- me paguen lo que me deben», porque «ellos se lo han llevado calentito».

Un docente que impartió un curso en la academia A.F. Salamar S.L., por su parte, testificó a los investigadores que antes de percibir la última nómina se le ofreció cobrar un sobresueldo de 1.000 euros para justificar algunos gastos, «algo a lo que me negué». Estas acciones irregulares se tornan en supuestamente delictivas cuando los agentes comprueban que se han falsificado firmas de profesores y alumnos, así como listados de asistencia. Este es el caso del Centro de Formación Gasset S.L. de cuyos administradores los investigadores señalan que «no aportan en el expediente del SAE la relación de alumnos que han llevado a cabo el curso». Un hecho que, unido a los resultados de otras indagaciones, les hace pensar que «no se habría realizado».

Las pesquisas policiales revelan la supuesta comisión de un delito de falsedad documental y usurpación de estado civil al conocer el caso de una profesora que rezaba en la documentación como que había impartido clases en este centro cuando realmente estaba trabajando en otro. Esta docente testificó que en «los datos personales, como los de filiación, titulación y experiencia laboral», pero matizó que ella no había participado en ese curso del Centro de Formación Gasset S.L. Cuando los agentes le mostraron la documentación aportada por la sociedad a la Junta, la formadora declara que «nunca he firmado dicho documento», por lo que la rúbrica «no es mía», a pesar de que se pareciera. La testigo afirmó que la única explicación que encontraba era que hubiesen utilizado los papeles auténticos y los hayan manipulado.

Este mismo modus operandi se utilizó con otra docente del Centro de Formación Profesional Feijo S.L. que envió la documentación durante el proceso selectivo de tutores. Transcurrido un plazo, no vuelve a tener noticias de la empresa. Además, cuando supuestamente estaba impartiendo clases, realmente se encontraba de baja por maternidad.