Las academias procuraban que sus alumnos no encontrasen trabajo

ABC reveló ayer que las empresas subvencionadas por la Junta andaluza no se preocupaban mucho por la solvencia de sus cursos de formación, ya que el 60 por ciento del profesorado no tenía cualificación, tratándose en muchos casos de familiares de los directivos. Pero tampoco se preocupaban en demasía por las prácticas laborales que debían ofrecer a sus alumnos. La finalidad de los cursos es procurar la inserción laboral de los alumnos, y en la normativa que regula las subvenciones la Junta exige a las empresas el compromiso de proporcionar trabajo al menos al 60 por ciento de los alumnos, durante no menos del 50 por ciento de la jornada laboral y un mínimo de seis meses. Sin embargo, en la práctica las empresas que habían recibido el dinero de la administración procuraban que el alumnado renunciase a estas prácticas laborales.

Condiciones leoninas

Para ello, según han confirmado numerosos alumnos de la provincia de Málaga a los agentes de la Guardia Civil que desarrollaron la «operación Edu», ofrecían ofertas de trabajo en condiciones leoninas o muy lejos del lugar de residencia, a pesar de que la normativa especifica que las ofertas laborales deben ser en la misma provincia.

Los testimonios son múltiples. Un desempleado que participó en un curso de peluquería en la academia Nena Sol S.L. testificó que se le ofreció un contrato de seis meses para trabajar como peluquero durante seis meses «sin cobrar sueldo». «La empresa», refleja la UDEF en su informe, «le ofreció pagar únicamente las cuotas de la Seguridad Social para que al finalizar dicho periodo pudiera cobrar el paro». Este joven confesó que sabía que otras personas habían aceptado este ofrecimiento «por su mala situación económica».

Un alumno de un curso impartido por el Centro de Formación Profesional Feijo S.L. testificó que, tras quejarse porque no era contratado, le enviaron a trabajar a Ceuta durante días sueltos, haciéndolo tres o cuatro horas por jornada y cobrando cinco euros por cada una de ellas. «No resultaba rentable», declaró.

Y es que, según plasma la UDEF, a los desempleados se le ofrecían «contratos imposibles» para que los rechazaran y «forzar» que éstos firmaran la renuncia de las prácticas. Uno de los mecanismos era «ofrecerles trabajar a grandes distancias», como confirmó una estudiante de un curso de la Asociación Axárquica de Formación y Empleo y quien declaró que fue citada en una notaría con diez ofertas de empleo, pero «la más cercana era en Cádiz».

A las personas que rechazaban estos empleos inaceptables se les hacía firmar una renuncia voluntaria para eximir de responsabilidad a la empresa. «Se ha hecho, mediante engaño, firmar a los alumnos en blanco una renuncia a la oferta laboral diciendo que había sido un error de la Junta de Andalucía», afirma una fuente de la Guardia Civil.

De las indagaciones realizadas por la UDEF también se desprende que hubo alumnos a los que se contrató con condiciones laborales dudosas. Algunos que participaron en un curso impartido por Carpintería Vázquez Claver S.L. señalaron que dejaron el empleo por falta de pago y que a los que no quisieran seguir debían firmar una carta de renuncia.

«Muy probablemente nos encontramos con un acuerdo de fraude de ley», señalan los agentes tras las entrevistas con los alumnos.

Los agentes, además, trabajan con la hipótesis de que en algunos casos los certificados de realización de prácticas pudieron ser falsificados. En este sentido, se han detectado «altas ficticias» de alumnos que presuntamente insistían en trabajar y se les habría propuesto contratos ficticios para que pudiesen cobrar el paro.

El cúmulo de supuestas irregularidades en la fase de contratación no se acaban ahí. Los investigadores destacan el caso de una estudiante de peluquería que es contratada como «monitora de comedor», así como el de unos «alumnos que supuestamente han renunciado expresamente a las prácticas y que finalmente son catalogados como aptos y consiguen trabajo».