Así se montó el fraude de las facturas falsas del sindicato UGT en Andalucía

La investigación de las facturas falsas de UGT revela un sistema que servía para engrasar a todo el sindicato, como avanzó ABC: federaciones, uniones provinciales y empresas al frente de las cuales estaban los mismos miembros de la ejecutiva que emitían facturas por el supuesto alquiler de aulas de formación. La exhaustiva investigación realizada por la Guardia Civil describe un entramado complejo, una especie de lavadora del dinero que la Junta de Andalucía (la extinta Consejería de Empleo) le daba para realizar los cursos de formación: entre 23 y 24 millones de euros al año. El dinero de los desempleados, los legítimos destinatarios de los fondos, se empleaba en la comunidad con la tasa de paro más alta de Europa en pagar viajes, hoteles, mariscadas, regalos y hasta sobresueldos de sus dirigentes de UGT-A. ¿Cómo funcionaba esta estructura empresarial creada «ex profeso» para desviar fondos públicos? Se crearon distintos «artificios» para desviar las subvenciones:

El Departamento de Compras ingenió en 2006 los denominados «botes». Los proveedores emitían facturas al sindicato por servicios o compras que no habían realizado o bien engordaban su importe. El bote se generaba con la diferencia entre lo facturado y lo servido. El bote creció «de forma espectacular» , según reconoció el contable de UGT-A Francisco Mateos Aparicio, y así lo pudo comprobar la UCO en sus registros ya que llegó a encontrarse con uno de 345.000 euros cuando entró en la empresa Chavsa. Según fuentes judiciales, el bote fluctuaba (el dinero entraba y salía) y aún está por cuantificar cuánto dinero llegó a ingresar UGT por esa vía. Los proveedores con los que se fijaron distintas vías de financiación alternativa son Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar, Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Karonte o Carpetas Abadías, cuyos administradores fueron detenidos en la segunda fase de la operación «Cirene».

Como corroboraron los propios trabajadores del departamento de Administración de UGT-A, aquellos proveedores que quisiesen contratar con el sindicato «debían aceptar realizar unos descuentos que oscilaban entre el 3% y el 20%». «Toda» la ejecutiva regional conocía la existencia de este «canon revolucionario» , según confesó el exsecretario de Formación y Cultura de UGT-A Germán Damián Domínguez. Con cada proveedor se pactaba un porcentaje diferente y, según este acuerdo, de manera periódica lo liquidaban al sindicato «bien mediante transferencia, bien por talón bancario», revela laUnidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De este modo, la central que dirigió Manuel Pastrana durante quince años (1998/2013) se lucraba con las subvenciones, a las que se imputaba el cien por cien de las facturas. El descuento que se aplicaba no se comunicaba nunca a la Junta, lo queconvierte los rápeles en «mordidas».

Para el desarrollo de cualquier acción formativa la norma exige la suscripción de una póliza de seguro. UGT-A se las ingenió para contratar siempre a la misma aseguradora, ASP Asesoramiento Seguros, participada por el propio sindicato y que recibió sobrecomisiones de los ERE . De hecho, su presidente desde 2004 a 2007 era Antonio Retaminos Megías, tesorero de UGT Confederal y miembro del núcleo duro del equipo de Cándido Méndez. La mecánica era muy simple: el importe correspondiente a la póliza suscrita se cargaba al proyecto que fuere como gasto subvencionable y, después, si la póliza vencía sin incidentes, ASP le devolvía el 50% del coste a UGT y otro porcentaje adicional. Para reintegrar el dinero se utilizaba la fórmula de la transferencia o el talón.

Esta empresa, cuyo dueño único es UGT-A, era una pieza clave en el mecano de la financiación. Tenía cedidas las aulas de formación que utilizaba el sindicato y posteriormente Soralpe facturaba sistemáticamente al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) —donde trabajaba el marido de la presidenta de la Junta, Susana Díaz— por la utilización de esas aulas.