Las empresas utilizaron testaferros para difuminar el destino del dinero

Según el informe de esta unidad que se ha adjuntado al denominado «caso Edu», que inicialmente instruye un juzgado de Málaga, se han detectado «entramados empresariales» que «se subcontratan irregularmente» las ayudas adjudicadas.

Los investigadores, además, alertan de la realización de «facturaciones circulares» entre las sociedades de las mismas personas o del entorno, estableciendo así una conexión que lleva pensar en una «trama» cuyo fin último era lucrarse de los fondos públicos para desempleados.

Esta línea de trabajo es argumentada con situaciones de difícil comprensión, como el hecho de que varias empresas investigadas se crearan ex profeso días o escasos meses antes de la adjudicación de las subvenciones. También se hace hincapié en que algunas de ellas ni siquiera estaban dadas de alta al concedérseles el dinero, para normalizar su situación una vez se publicara la resolución de concesión.

Aunque una de las circunstancias que más llama la atención a los agentes es que «más de la mitad» de las compañías «se dan de baja en la Seguridad Social» nada más terminar el proceso de adjudicación o antes.

Pero por increíble que parezca, hay casos en los que la sociedad fue extinguida tras el cobro de la ayuda o llegó a darse de baja incluso antes de percibirla.

«Hay empresas que «cazan» subvenciones en varias provincias sin tener el Código de Cuenta de Cotización (CCC) o bajo distintas denominaciones sociales sin desarrollar actividad real en las mismas», destacan la UDEF.

Para ejemplificar el supuesto entramado que encierra este caso, los investigadores ponen varios ejemplos. Uno de ellos es el de un padre –pensionista que cobra por una invalidez- y un hijo cuyos nombres recruzan en varias firmas que sucesivamente son agraciadas con ayudas. Pero tal vez el más llamativo se el de un dirigente socialista de Roquetas de Mar (Almería) y su familia, que aparecen relacionados con varias sociedades que perciben 1.353.160 euros.

La investigación, que se encuentra en fase embrionaria, apunta al uso de testaferros en las sociedades para «ocultar el verdadero titular de las mismas» e incluso resalta la presencia de asociaciones sin ánimo de lucro que esconden «un círculo empresarial creado con el único objetivo de beneficiarse de este tipo de ayudas públicas formativas».

Todo este maremágnum hay que contextualizarlo con las conclusiones de los responsables del caso que dibujan una «red clientelar» con presuntas intenciones políticas y cuyo fin último sería «obtener el beneplácito, los votos, de un número muy extenso de la población andaluza». Hay que recordar que antes de las pasadas municipales, el Gobierno autonómico libró más de 400 millones para los cursos de formación para desempleados; y que los agentes no dudan en afirmar que buena parte del dinero otorgado irregularmente se hizo por «clientelismo político» y «proximidad ideológica».

El dinero fraudulento aflorado hasta el momento rondaría los tres millones de euros, según pudo saber este periódico de fuentes cercanas al caso, a pesar de que las indagaciones realizadas a día de hoy se han centrado en unas pocas resoluciones de las numerosas otorgadas en los últimos años. Una circunstancia que pone de manifiesto la magnitud del presunto fraude: «Nos encontramos ante una situación prolongada en el tiempo» a través de la cual se estarían «desviando sistemáticamente» dinero público.

Los investigadores resaltan la «inmensidad de datos, resoluciones, anuncios, publicaciones y beneficiarios» a analizar y refuerzan esta argumentación destacando que solo el estudio de la Resolución de 15 de diciembre de 2010 de la Dirección Provincial de Málaga del SAE revela que el 85 por ciento de los 1.523.628 euros que fueron a parar a las arcas de las 17 sociedades investigadas inicialmente «habrían sido obtenidos irregular o ilícitamente».