Dolmen recibió 7,5 millones de la CEA a pesar de no terminar las viviendas

El concurso fue solicitado por la Sareb -más conocida como banco malo- a raíz de un préstamo de la antigua Caja Madrid a la fundación de la CEA por más de 50 millones para las VPO, en el que denunció un posible desfase de 12 millones de euros y, el pasado mes de febrero, fue admitido por el Juzgado de los Mercantil Número 2 de Sevilla. Esta promoción generó un problema social ya que a la mayoría de sus compradores (jóvenes con pocos recursos) no se les ha devuelto los 17.000 euros que entregaron a cuenta. También hay una deuda con pymes que actuaron como proveedores de Dolmen.

El informe, redactado por el equipo de Ernst & Young (EY) en Andalucía y el economista Antonio Moreno, destaca que la CEA contrató a la consultora Dolmen en 2007 para ejecutar este proyecto sin estudiar previamente otras alternativas y cuando esta empresa ya atravesaba problemas económicos. La Fundación de la CEA «optó por un modelo de gestión en el que una institución sin ánimo de lucro subcontrata la totalidad del proyecto a una única compañía, pero esto no le exonera de la necesidad de haber actuado con diligencia en el seguimiento del proyecto», apunta el informe al que ha tenido acceso ABC.

De hecho, la denuncia de esta falta de control impregna los 160 folios del informe , en el que los administradores apuntan que es sorprendente «que una inversión superior a los 60 millones de euros no haya hecho sentir a los patronos (en su mayoría empresarios) la necesidad de contar con mecanismos de control».

Con esta laxitud en la vigilancia, el informe analiza las condiciones del contrato entre la CEA y Dolmen que propiciaron un claro perjuicio patrimonial a esta Fundación. En primer lugar, Dolmen recibió un anticipo de facturación por 5 millones de euros por la prestación de servicios a pesar de no lograr terminar las viviendas. En paralelo, el informe indica que en la contabilidad de la Fundación de la CEA aparece un crédito a Dolmen por 2,5 millones de euros «por disposiciones realizadas en muchos casos en efectivo que Dolmen realizó y que están pendientes de justificar».

A partir de ahí, el informe alerta de que «una parte significativa de estas disposiciones se han realizado mediante talones cobrados en metálico y aunque se ha solicitado reiteradamente a Bankia una copia de los mismos, al objeto de identificar a los firmantes, no se ha recibido esa información hasta la fecha» . Quizá el aspecto que indica que este perjuicio patrimonial se hizo con el consentimiento implícito de la CEA (o al menos gracias a una llamativa falta de control) es que el crédito de 2 millones de euros realizado a los proveedores se concedió en 2008 y «a pesar del abandono de la obra no consta reclamación judicial alguna frente a estas constructoras».

El coste de las 580 VPO previsto en el contrato firmado con Dolmen en enero de 2007 era de 40 millones de euros. Sin embargo, en este momento la deuda total que acumula la fundación es de 68 millones -un 50% más que el presupuesto inicial- sin considerar los desembolsos necesarios para concluir las viviendas. De los tres bloques que componen la promoción, uno está terminado casi al 100% mientras que los otros dos están en un grado de ejecución del 90% y el 80%, respectivamente. De la deuda total, la Sareb reclama 51,8 millones por los préstamos en vigor, la Junta de Andalucía ha pagado una subvención de 1,7 millones, los compradores han realizado entregas a cuenta por 7,4 millones. Frente a este pasivo de 67 millones, el activo de la fundación está valorado en 45 millones.

A su vez, el juzgado de instrucción 3 de Sevilla mantiene abierta una causa promovida por una decena de constructores afectados por los impagos (en la que están imputados los patronos, como Santiago Herrero, expresidente de la CEA) y los principales directivos de Dolmen (como sus administradores Juan Manuel Sanz Martín y Antonio González Lara) , que ya han declarado ante la juez Patricia Fernández. Dolmen había participado en otras iniciativas de la CEA, como en la sociedad de inversión de capital variable (Sicav) Cartera Adaluza, donde participaba como accionista.