Un sindicalista recurre una fianza en los ERE ya cobrada

Caravaca, en un recurso al que ha tenido acceso Efe, argumenta la legalidad de la póliza por la que está acusado ya que fue convalidada por el Parlamento de Andalucía «y si se considera que la póliza es ilegal, entonces habría que ampliar el abanico de imputaciones también a los miembros del Parlamento que la convalidaron».

Juan Antonio Caravaca era secretario general de la Federación de Industria de CC.OO. en Sevilla y ya en mayo pasado vio reducida su fianza civil de 593.306 euros a 61.312 al tener en cuenta la cantidad realmente abonada por la Junta de Andalucía.

Ahora, argumenta que Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de la Consejería de Asuntos Sociales en Sevilla e «intruso en el ERE de Calderinox, ya ha devuelto los 36.232 euros percibidos y «por lo tanto ningún perjuicio económico, mi presente ni futuro existe».

En cuanto al segundo presunto «intruso» en dicha póliza, ha prestado garantía por importe de los 49.410 euros que le reclamó la juez Mercedes Alaya.

«En consecuencia, ningún perjuicio económico se ha causado a la Administración por la ayuda a estos dos trabajadores, pues uno ha devuelto lo percibido y el otro ha garantizado la fianza que se le reclama» y en consecuencia «no cabe garantizar lo ya garantizado y cobrado».

Por otra parte, la defensa mantiene la inexistencia de indicios de criminalidad pues Caravaca, como representante de un sindicato «muy mayoritario» en Calderinox, solamente estaba cumpliendo su obligación de «defensa y promoción de los intereses de los trabajadores», algo que constituye un «principio y obligación básico en la estructura de nuestra Constitución y de nuestro Estado de Derecho».

Junto a ello, la defensa mantiene que no existe ninguna irregularidad en el hecho de que CCOO figurara como tomador de la póliza de Calderinox, ya que la doctrina y la práctica han acuñado el término de «tomador impropio» en el contrato suscrito a favor de una colectividad de personas, pero siendo en realidad un mero colaborador en el cumplimiento de las obligaciones de la póliza.

Caravaca se encuentra entre la veintena de sindicalistas de CCOO y UGT imputados por los ERE y la juez Alaya ha embargado ya varios inmuebles a su sindicato como responsable subsidiario de sus fianzas.