UGT tenía un «bote» de 345.000 euros en una de las empresas imputadas

Según las fuentes, el atestado de la Guardia Civil entregado al juez de instrucción 9 de Sevilla asegura que el sindicato disponía de una aplicación específica en su contabilidad para gestionar dicho «bote» , aunque los tres dirigentes sindicales que fueron imputados por el juez el pasado 26 de junio, entre ellos su extesorero, aseguraron desconocer su existencia.

Según los investigadores, las empresas proveedoras de UGT practicaban el llamado «rappel» o descuentos especiales para pedidos de grandes dimensiones, cantidades que no aparecían reflejadas en las facturas y que pasaban a engrosar un «bote» o cantidad que quedaba a disposición del sindicato para futuros gastos.

El juez de instrucción 9 de Sevilla dará traslado la próxima semana a las partes del contenido del sumario, en el que ha imputado presuntos delitos de falsedad y fraude a la Hacienda Pública a 13 empresarios y tres sindicalistas por las presuntas facturas falsas presentadas por el sindicato para justificar las subvenciones de la Junta destinadas a formación.

Entre los detenidos figuraba Federico Fresneda , vicesecretario de Administración de UGT en Andalucía entre 2005 y 2013; María Charpín , exsecretaria de Gestión Económica de UGT-A, y Dolores Sánchez Montaño , encargada de compras en el sindicato regional.

La Guardia Civil sostiene que este presunto fraude en las subvenciones recibidas por UGT-A se hizo « de manera sistemática año tras año» hasta perfeccionarse y convertirse en «la vía más importante para la financiación de este sindicato».

En su declaración, los imputados negaron haber actuado ilegalmente aunque reconocieron que en ocasiones podía existir una factura conjunta por materiales suministrados en distintas entregas y haber cambiado conceptos en las facturas, pero no haberlas «inflado».

En cuando a los empresarios, alegaron que siguieron instrucciones del sindicato, que creyeron actuar legalmente y que esperan demostrar documentalmente sus afirmaciones.