Un testigo dice que le sorprendieron las ayudas «sin pasar por el Gobierno»

José Antonio Vicente Ávila Quintana fue jefe del Servicio Jurídico de IDEA hasta 2009, posteriormente fue el responsable de su Departamento Contencioso y su declaración como testigo ante la Guardia Civil, realizada en enero de 2014, ha sido notificada hoy por la juez de los ERE, Mercedes Alaya, junto a otras 16 comparecencias de testigos o imputados.

En dicho texto, al que ha tenido acceso Efe, el testigo aseguró a la Guardia Civil que no le trasladaron que hubiese ningún problema con la materialización de los pagos de las ayudas otorgadas por la dirección general de Trabajo .

Tampoco le informaron nunca de la «falta de competencia de la dirección general de Trabajo para la concesión de las subvenciones» y no recuerda «ningún tipo de controversia en las sesiones del Consejo Rector en relación a los convenios» investigados.

Ávila Quintana sí afirmó, por el contrario, que «le llamaban la atención» las «reiteradas ayudas que tenían fijada la cantidad en 1.200.000 euros, límite por el cual la ayuda tendría que ser ratificada por el Consejo de Gobierno».

La juez de los ERE ha notificado hoy las declaraciones como testigos de 13 altos cargos de las agencias andaluzas IFA e IDEA posteriormente imputados, así como tres nuevas declaraciones .

Se trata de las manifestaciones que hicieron como testigos Francisco Mencía, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Salvador Durbán, Rocío Malave, Sonia Salgueiro, Plácido Domingo Estévez, Francisco José Oyonarte, Miguel Lucena Barranquero, Antonio Lara Revilla, Antonio Jesús Mena Calvante, Juan Carlos Ollero, Pablo Millán Márquez y Juan Vela Quiroga.

Entre las nuevas declaraciones figura la prestada como imputado, en enero de 2014, de Antonio Valverde Ramos, director general de la agencia andaluza IDEA que dimitió el pasado 20 de junio, unos días después de comparecer ante Alaya y acogerse a su derecho a no declarar.

Según el texto de esa declaración, a la que ha tenido acceso Efe, Valverde manifestó a la Guardia Civil que durante los cuatro años que ejerció en el cargo ningún miembro de la Intervención General de la Junta o de la asesoría jurídica le hicieron ninguna «advertencia, sospecha, preocupación o simple alerta de ilegalidad o inadecuación procedimental» en la forma en que se estaban haciendo los pagos investigados.

Cuando accedió al cargo, no tuvo la impresión de que la encomienda de gestión utilizada para pagar las ayudas fuese «un tema esencial ni problemático para la agencia» y Valverde no encargó ningún informe porque «prevalecía el criterio de validez de los actos administrativos» , según manifestó a la Guardia Civil.

El juzgado también ha notificado la declaración como testigo de María de la Palma Muñoz Morquilla, vicesecretaria de IDEA, quien manifestó que la Asesoría Jurídica de la agencia no informaba sobre las resoluciones de pago.