corrupción
Alaya imputa a empresarios por el ERE que se gestó en el despacho de Manuel Chaves
La juez alerta del «sangrado continuo de fondos públicos a favor de A Novo» tras los «compromisos» adquiridos en una reunión en San Telmo con sindicalistas
Alaya imputa a empresarios por el ERE que se gestó en el despacho de Manuel Chaves
La macrocausa de los ERE fraudulentos inscribió ayer otro récord en el Libro Guinness de los casos de corrupción. Con las 16 nuevas imputaciones recogidas en un auto de 35 páginas notificado ayer a las partes personadas en el caso, Mercedes Alaya, ... eleva a 199 el número de implicados en el uso corrupto de una partida destinada a financiar despidos en empresas .
Después de que lo hubiera pedido la Fiscalía Anticorrupción , la juez de instrucción número seis de Sevilla ha imputado a tres directivos de la empresa A Novo Comlink España —un fabricante de teléfonos ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga— por el ERE en el que medió Manuel Chaves en su etapa como presidente de la Junta. El 20 de mayo de 2005 Chaves (que ya está señalado como preimputado) recibió en su despacho del Palacio de San Telmo a «autoridades laborales y los principales representantes sindicales» de A Novo Comlink. La sociedad presentó siete EREs y recibió 35,25 millones del «fondo de reptiles» desde 2005 a 2008 de forma irregular, lo que «provocaría un sangrado continuo de fondos públicos », según advierte la instructora.
La juez traza una clara relación de causa-efecto entre «los compromisos» adquiridos en la citada reunión, donde «se acuerda establecer las líneas básicas para salvar la empresa a través de un plan de viabilidad», y el convenio suscrito tan sólo dos meses después entre la Junta y la empresa para sufragar los ajustes laborales con una aportación inicial de 20,85 millones.
« Fruto de estos compromisos, en el mes de julio de 2005, la Dirección General de Trabajo ( Francisco Javier Guerrero ) y la agencia pública IDEA (Miguel Ángel Serrano Aguilar) plantearían a la empresa diferentes fórmulas de viabilidad» para evitar su disolución por insolvencia , relata en el auto.
El 18 de julio de 2005, Guerrero y Gilbert Weill , presidente del consejo de administración de A Novo, firman el convenio por el que la Junta pacta poner 20,85 millones y el fabricante de teléfonos se compromete a pagar 14,9 millones, que obtendría con la venta de su sede en Málaga, cuantía que no llegó a abonar. Atendiendo a la petición de la Fiscalía, Alaya ha imputado a Weil como firmante del acuerdo y a su consejero delegado, Carlos Castiñeiras, que suscribió una póliza que «enmascaraba» otra ayuda directa de 3,8 millones concedida por la Junta.
El 16 de julio próximo Alaya cita a declarar como imputado a José Pardo Fernández, alto directivo de A Novo, «quien conociendo las bendiciones y permisividad con la empresa por parte de la Administración, sin mediar solicitud y sin que consten datos económicos, conseguiría ser beneficiario de póliza de rentas mensuales que oscilaba entre 6.421,38 euros (en 2006) y 10.043,88 euros (en 2015) mensuales». El día 17 se sentará ante la juez como imputado Manuel Jiménez de Miguel , quien no había trabajado nunca en A Novo y recibió una póliza especial « por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla ».
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