La juez Alaya imputa al exsecretario general de UGT Andalucía por las ayudas a Altadis

En este auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción e imputa a 16 personas en relación a las ayudas recibidas por Altadis , A Novo Comlink, Dhul o «la estructura societaria» creada por los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José María Sayago y José Enrique Rosendo.

La magistrada cita a declarar entre el 14 y el 18 de julio tanto a los nuevos imputados como a otras personas ya encausadas, como son los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero , Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, el exparlamentario del PSOE-A Ramón Díaz, o el actual director de IDEA, Antonio Valverde.

La juez cita 15 irregularidades recogidas en el informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado que «de forma generalizada son aplicables a todos los expedientes objeto de la instrucción», entre ellos el de Altadis, «una empresa de ámbito nacional que desde 2000 venía efectuando un ajuste de su personal mediante extinción de contratos laborales a través de jubilaciones y bajas incentivadas».

La juez relata que «los resultados obtenidos no fueron suficientes» para lograr la competitividad de la empresa y, por ello, se diseñó un nuevo plan industrial «que conllevaría un nuevo ajuste de plantilla» que se llevó a cabo a través de un ERE en el año 2005, aunque el 3 de diciembre de 2004 Altadis firmó un acuerdo con UGT, CCOO y la Dirección de Trabajo «por la que ésta última se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores con edades a partir de 51 años , siendo el resto asumido por la empresa».

«Consecuencia» de este acuerdo, en julio de 2005, Altadis y la Dirección de Trabajo firmaron un anexo «por el que quedó fijado el compromiso de la Junta de abonar 26 millones de euros a una póliza de seguros para trabajadores, de los que no consta relación nominal indispensable para identificar a los afectados, de Sevilla y Cádiz, «con una de las compañías de seguros con las que habitualmente trabaja la Junta», compromiso que no fue autorizado por el Consejo de Gobierno».

Finalmente, el ERE de 2005 de ámbito nacional se aprobaría el 3 de agosto de 2005, autorizando a Altadis a extinguir las relaciones laborales de hasta 898 trabajadores de su plantilla , entre los que se encontrarían 176 del centro de Cádiz y 209 del de Sevilla, asevera Alaya, que concreta que Guerrero y el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano firmaron un convenio de colaboración el 19 de febrero de 2008 «por el que se materializarían las ayudas sociales derivadas» del acuerdo de diciembre de 2004 para el pago de tres pólizas .

Este convenio de colaboración «no recogía el importe de las ayudas, lo que supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control, modificándose las prestaciones de los asegurados, lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta», de manera que «del inicial compromiso de abonar 26 millones de euros se llegaría a la cifra de 34,4 millones».

Estos hechos, según Alaya, podrían ser constitutivos de delitos de falsedad, fraude de subvenciones, prevaricación y malversación, entre otros, por los que imputa a las personas que firmaron el acuerdo de 3 de diciembre de 2004, como fueron, por parte de UGT, Francisco Fernández Sevilla y Blanca Uruñuela; por parte de CCOO, Antonio Perianes y Francisco Figueroa, y representando a Altadis José Luis Relea.

Asimismo, da traslado de las actuaciones en concepto de terceros civiles responsables a UGT y CCOO y a Altadis, solicita a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz copia de los escritos remitidos por la Junta en relación al conflicto sociolaboral de los trabajadores y reclama a la Junta copias «de todas las agendas de las personas imputadas en la causa que desempeñen o hayan desempeñado cargo en la misma en el periodo investigado».

De otro lado, y en relación a A Novo Comlink , la juez relata que la empresa «pasaba por dificultades económicas, por lo que en el año 2004 se dirigía al presidente de la Junta y al consejero de Empleo en busca de soluciones para garantizar la continuidad de esta sociedad en Málaga», constando en el expediente el acta de una reunión el 20 de mayo de 2004 en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, «a la que habrían asistido el presidente de la Junta -entonces Manuel Chaves -, autoridades laborales y los principales representantes sindicales».

En esta reunión «se acuerda establecer las líneas básicas para salvar la empresa a través de un plan de viabilidad, una mesa de negociación y la implantación de un plan de formación, y todo ello con el apoyo de la Junta», asevera la juez, que agrega que «la ausencia de procedimiento legal, de fiscalización previa, de la publicación de bases reguladoras, en definitiva, de todas las deficiencias señaladas respecto a los expedientes de ayudas tramitados por la Consejería de Empleo» investigados, «provocarían un sangrado continuo de los fondos públicos a favor de A Novo ».

A su juicio, en el caso de esta empresa malagueña se produjo un «dispendio in crescendo de los fondos públicos» que tuvo como «colofón» que fuera beneficiario de una póliza Manuel Jiménez de Miguel «por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla» y pese a que no habría prestado «servicios efectivos» para esta sociedad, garantizándose entre 2.159 y 9.221 euros al mes entre 2008 y 2017.

La magistrada concluye que, «de los compromisos asumidos por la Junta y que ascendieron a 35,9 millones, serían efectivamente abonados por IFA/IDEA 35,2 millones con total ausencia de procedimiento», por lo que imputa al presidente del consejo de administración de A Novo, Gilbert Weill, y al consejero delegado, Carlos Castiñeiras.

Por otro lado, y en relación a la estructura societaria del 'tándem' de la Sierra Norte formado por Sayago y Rosendo, la juez dice que los mismos, «con el fin de que sus figuras quedaran diluidas, habrían interpuesto en los órganos sociales de algunas de sus empresas a determinadas personas que se habrían prestado para ello» y que, así, «habrían participado en la obtención de subvenciones con cargo a los fondos públicos andaluces con total ausencia del procedimiento legal establecido», por lo que imputa a Rafael Ávila y a José Enrique Contreras, gerente del IFA en Sevilla entre 2002 y 2004.