UGT, en el punto de mira de Alaya

Aunque obviamente se trata de una instrucción distinta de las de los ERE fraudulentos, fuentes judiciales aseguran que la intención de la juez es, una vez que finalice esa macrocausa, centrarse por completo en la más reciente de todas las que tiene en su mesa: la de los pagos a los sindicatos y los cursos de formación.

Ahora Alaya, que ha fijado un nuevo e intenso calendario de declaraciones que la tendrá ocupada prácticamente hasta final de mes, está centrada en la decisión más clave:el probable envío de «la pieza del procedimiento» (como al fiscal le gusta llamar a la trama política de los ERE) al Tribunal Supremo.

Incluso fuentes judiciales aseguran que la instructora ya está preparando el escrito en el que enviará al Alto Tribunal la parte correspondiente a la posible imputación de los dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

Una vez que eso ocurra Alaya tendrá vía libre para centrarse por entero en las diligencias abiertas sobre los cursos de formación y que afectan de lleno a los sindicatos. Aunque aún no han trascendido las operaciones que el juzgado practica más allá de algún registro, UGT y CC.OO. ya están en el disparadero después de que esta semana Anticorrupción solicitase la imputación del exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández y otros dirigentes de esta formación y CC.OO. por el ERE de Altadis.Es un asunto que nada tiene que ver con los cursos de formación, pero puede dar una idea de hacia donde dirige ahora la mirada Alaya.De hecho, la instrucción sobre los cursos de formación ya no está bajo secreto sumarial puesto que el juzgado lo levantó hace semanas. Si no ha trascendido el contenido de lo que se está haciendo es porque, hasta ahora, no hay acusaciones particulares y Anticorrupción mantiene total discreción.

En cualquier caso, si se sabe que esa investigación se complementa con la que lleva a cabo el juzgado de instrucción número 9 sobre cómo se gastaron los sindicatos el dinero de los cursos (comidas de feria, fiestas y otras). El reparto que se ha hecho entre ambos juzgados implica que Alaya será la encargada de investigar el «modus operandi» de cómo daba la Junta el dinero y cómo se lo hacía llegar a los sindicatos y Juan Jesús García Vélez, el juez del 9, de lo que hacían con ese dinero. Hay quien habla de que el escándalo dará más titulares que los ERE.