La Junta de Andalucía blinda sus edificios contra los «okupas»

La citada norma pretende unificar los sistemas de seguridad y control de estos edificios de titularidad autonómica «en función del nivel de riesgo» al que se encuentran sometidos. El decreto asegura que la anterior normativa «ha quedado desfasada en relación a la actual demanda para prestar un servicio público eficiente y de calidad, habida cuenta de los progresos y cambios técnicos acaecidos», por lo que se intenta que «las medidas a implantar» sean «eficaces y apropiadas a las necesidades de protección de cada edificio».

Concretamente, la nueva norma «tiene como objeto la regulación de las medidas de seguridad a implantar en los edificios públicos de uso administrativo para protegerlos ante el riesgo de intrusión, así como establecer el procedimiento de catalogación de los edificios para determinar el nivel de riesgo al que se encuentra sometido cada uno». Para baremar este riesgo se han establecido cinco niveles . El máximo de ellos se da a la sede de la Presidencia de la Junta, el Palacio de San Telmo, y a los edificios autonómicos que se encuentren en el extrarradio de las ciudades, donde la posibilidad de que accedan personas se multiplica al estar aislados.

Por su parte, los inmuebles pertenecientes a las distintas consejerías tendrán la consideración de «riesgo alto». Aquí se incluye la de Fomento y Vivienda , de la que ha emanado la decisión de realojar a los okupas que fueron desalojados de San Lázaro por orden judicial después de meterse en el edificio propiedad de Ibercaja cambiando cerraduras y haciéndose con su uso sin ningún título de propiedad ni permiso. En el mismo nivel de riesgo se sitúa aquel «inmueble que se levante en zonas destinadas a usos terciarios , en polígonos industriales o próximos a barriadas con problemas socioeconómicos». Esto es literal.

Igualmente tienen la consideración de «riesgo especial», la máxima categoría, los edificios «donde se gestionen y resuelvan situaciones familiares y asistenciales que puedan derivar en situaciones de conflicto» y los edificios «donde se gestionen reclamaciones sobre la afectación de la propiedad de los bienes inmuebles que por su carácter puedan derivar en situaciones de conflicto» o «donde se tramiten expedientes que puedan generar expropiaciones de terreno o bienes inmuebles». Por supuesto, también tienen alto grado de protección los inmuebles donde se resuelvan «situaciones laborales» y los encargados de «recaudar tributos de cualquier naturaleza». El objetivo es evitar que con motivo de alguna queja el ciudadano afectado decida quedarse allí.

La solución para evitar este «intrusismo», que es la palabra que concreta que usa el decreto, pasa por diversas medidas, como la colocación de «elementos encargados de conocer el estado de apertura o cierre de las puertas o ventanas que protegen los huecos del edificio que abren al exterior» y de «elementos encargados de captar las vibraciones generadas por impactos o perforaciones que se produzcan en los paramentos objeto de protección», entre otras muchas cosas.

En definitiva, este decreto regula una cuestión que resulta de toda lógica, como es la protección de los edificios públicos para evitar que accedan a ellos personas que carecen de permiso, pero choca frontalmente contra las decisiones que toma la Junta de Andalucía realojando de forma muy polémica, y con crisis de gobierno incluida, a personas que hicieron precisamente lo mismo de lo que ahora se protege la administración autonómica.