Anticorrupcion pide actuar contra el exsecretario de UGT, Francisco Fernández

Segun el escrito hecho público esta mañana por Anticorrupción, se solicita que se tome declaración como imputados a varios exaltos cargos de la Junta como María José Rofa y Miguel Serrano Aguilar y Antonio Valverde Ramo s. Pero el fiscal también quiere dirigir las actuaciones en esta pieza contra Blanca Uruñuela Aguado, Francisco Fernández Sevilla, Antonio Perianes Pedrero, Francisco Figueroa Alcarazo y José Luis Relea Laso «por su presunta participación en los hechos».

Además de otros testigos el fiscal pide que se de traslado de las actuaciones a los sindicatos UGT , CC.OO. y Altadis SA en concepto de terceros civiles responsables. Igualmente el fiscal pide que se requiera a la Junta de Andalucía  para que aporte todas las agendas de las personas imputadas en la causa que desempeñen o hayan desempeñado cargo o puesto en la misma empresa en el periodo objeto de investigación.

El fiscal se refiere al expediente de Altadis ya que segun han concluido la investigación Márquez Contreras concedió denominadas ayudas sociolaborales individuales a los extrabajadores de Altadis SA por importe de 20.100.789,38 euros mediante el pago de las primas encomendando para ello a la agencia IDEA. Anticorrupción concluye que los pagos realizados hasta el año 2010 por la Agencia IDEA suman 20.477.820,45 euros. 

Y a ello habría que añadir la cantidad 1.848.125,55 mediante los denominados “pagos cruzados” ordenados por Francisco J Guerrero Benítez, cantidades que abonaba la agencia IDEA para el pago de primas de determinadas pólizas que , por su orden , se aplicaban a otras pólizas o compromisos.

Entre las numerosas irregularidades que ha detectado la Fiscalía se encuentran que esta ayuda pudiera constituir una subvención a la empresa y no a los trabajadores o incluso que la Junta   la Junta se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa.

«En la concesión de esta subvención se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» , dice el escrito que también señala que los sistemas elegidos por la CEM para determinar tanto a la empresa elegida como los importes a financiar son «totalmente discrecionales».

No consta la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones, no se ha acreditado el carácter excepcional de la ayuda concedida por la CEM y tampoco consta solicitud formal de las ayudas, dice el escrito. Además insiste en que la concesión de esta subvención no fue sometida por la Consejería de Empleo a fiscalización y que se careció del más mínimo rigo r en la gestión de los fondos públicos.

Estas peticiones se producen en tanto no sea resuelto de manera definitiva por la Audiencia Provincial de Sevilla la petición del fiscal de formación de piezas separadas, «con la finalidad de avanzar en la instrucción y evitar dilaciones innecesarias».

Por tanto el fiscal cree que  existen elementos suficientes para que primero, se proceda ya a formular imputación contra personas que de forma indiciaria hayan participado en los hechos delictivos objeto de investigación, segundo, que se adopten medidas cautelares de naturaleza real que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos por aquellas entidades que se hayan beneficiado presuntamente de forma ilícita, y tercero que se ordene la práctica de diligencias de instrucción para el esclarecimiento de los mismos.