Alaya embarga cuatro inmuebles a una exsecretaria de Guerrero para cubrir su fianza civil

Por medio de un decreto dictado el pasado 22 de mayo, consultado por Europa Press, la secretaria del Juzgado embarga a la imputada una vivienda unifamiliar en Isla Cristina (Huelva), dos inmuebles dedicados a oficina en Mairena del Aljarafe (Sevilla) y una plaza de aparcamiento localizada en esta última localidad.

Asimismo, acuerda el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente la imputada en todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.

Hay que recordar que la juez Mercedes Alaya también impuso una fianza civil de 80.000 euros a la otra exsecretaria de Guerrero, Rocío Sayago , a la que embargó una vivienda unifamiliar ubicada en la urbanización Los Alcores de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Alaya considera que Gala, como responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo durante la época de Guerrero, y Sayago, como secretaria adjunta, habrían sido « conocedoras y partícipes de la tramitación de expedientes que sabrían que eran para la concesión de subvenciones sociolaborales, a sabiendas de la absoluta ausencia de procedimiento, y de que con tales expedientes se estarían repartiendo a discreción, sin criterio legal alguno, miles y miles de euros de fondos públicos».

Además, las dos imputadas «serían conocedoras de los numerosos 'intrusos' en pólizas de prejubilaciones» de distintas empresas. La juez también les atribuye haber sido «plenamente conocedoras del sistema de pagos cruzados » y del «presunto tráfico de influencias» del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas sobre Guerrero «y del negocio que éste tendría a través de la consecución de subvenciones para terceros ».

En el caso de Gala, Alaya le imputa haber conseguido, «a través de la influencia ejercida sobre Guerrero y del contacto que tenía con Lanzas», que «su amigo» José Luis Llorente Herrero fuera incluido en la póliza de rentas de la empresa Aglomerados Morell de 6 de junio de 2008, a quien «por mediación» de Lanzas «se le haría en la citada empresa un contrato de trabajo simulado» que supuso un coste para la Junta de 165.585,75 euros . La imputada alegó que tan sólo «intentó encontrar trabajo al marido de una amiga de su hermana».

En relación a Sayago, la instructora asevera que "su indiciario conocimiento de la arbitrariedad en la concesión de las ayudas con total ausencia de procedimiento se vería acreditado además" con el hecho de que, "a través de la influencia ejercida en Guerrero, conseguiría que la empresa de su marido --Coflosur-- recibiera el 5 de marzo de 2004 una ayuda directa a empresa por importe de 60.000 euros".