Alaya ordena investigar un pendrive que ha llegado de forma anónima

En un auto, consultado por Europa Press, la juez Mercedes Alaya relata que el letrado de la imputada se personó recientemente en la Secretaría del Juzgado para informar de que, «en la dirección donde antiguamente tenía ubicado su despacho profesional», en Bollullos Par del Condado (Huelva), recibió por correo ordinario un sobre de color blanco «sin distintivo ni remitente» en cuyo interior había un pendrive «serigrafiado con nombre de la Junta de Andalucía».

Según el letrado, «en un primer momento pensó que era publicidad sobre cursos, pero al abrir los archivos observó que aparecían expedientes relativos a las presentes diligencias previas, desconociendo el origen del archivo informático». Al hilo, la juez considera que el dispositivo «podría contener archivos y documentos relevantes para la presente causa y que son objeto de investigación, particularmente sobre el papel de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo , así como de la agencia IDEA, en el pago de ayudas a terceros haciendo uso de fondos públicos recibidos mediante transferencias de financiación de distintas consejerías».

Por ello, ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, en presencia de la secretaria del Juzgado , «proceda al desprecintado y volcado en sede judicial del pendrive entregado por el letrado». Hay que recordar que, el pasado mes de febrero, la instructora impuso a Rofa una fianza de responsabilidad civil de 2.053.716,44 euros por «imperativo legal» y después de que la Audiencia Provincial de Sevilla se lo ordenara. En un primer momento, la juez Mercedes Alaya no impuso fianza civil alguna a esta imputada alegando para ello que había «contribuido» al esclarecimiento de los hechos, lo que fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, que pidió para Rofa una fianza civil de 205 millones de euros.

Pues bien, la instructora dictó un auto en el que cumple lo ordenado por la Audiencia aunque recuerda que, según indicó este tribunal, la fianza «deber se modulada en función de su grado de intervención, y en este caso, como en otros, mas concretamente en función de su capacidad de decisión sobre los procedimientos presuntamente ilícitos utilizados en la concesión de subvenciones sociolaborales, y en definitiva en dar continuidad y apariencia de legalidad al sistema heredado ».

Al hilo de ello, Alaya dice que, «aunque indiciariamente resulta acreditada» la participación de Rofa en estos hechos, «también indiciariamente resulta que en su actuación se limitó a cumplir las órdenes de sus superiores», como eran los entonces directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

La juez dice que, «a fin de mantener cierto equilibrio con otros imputados a los que con similares responsabilidades o de otra índole, pero de mayor trascendencia, no se ha exigido ni solicitado fianza, respecto de los cuales también se mantiene la imputación», la fianza debe corresponderse con el uno por ciento de las ayudas concedidas durante el tiempo en el que la imputada ocupó su cargo. En esta línea, la magistrada recuerda que el Ministerio Fiscal cifró estas ayudas en 154.028.733,07 euros, por lo que le impone una fianza civil correspondiente al uno por ciento del montante total de las ayudas más el tercio legal previsto, lo que hace un total de 2.053.716,44 euros, aunque la juez advierte de que esta cifra se establece «sin perjuicio de ulterior variación».