Guía para no perderse en el fraude de la formación

En medio del desconcierto, el Ejecutivo andaluz optó por mirar el dedo que señala a la luna y no a la luna transfigurada en el nuevo fraude. El consejero de Educación, Luciano Alonso , acusó al Gobierno central de montar una «causa general» contra Andalucía al filtrar la investigación policial con el objetivo de desestabilizar al Ejecutivo de la emergente esperanza blanca del socialismo, Susana Díaz . Hasta ahora no ha aportado ninguna prueba que sostenga este argumento. La tesis cae por su propio peso si se tiene en cuenta que cerca de dos centenares de personas que figuraban como alumnos y profesores de algunos de los cursos bajo sospecha fueron interrogados por un grupo de agentes de Madrid desplazados a Málaga . Con semejante lista de testigos, era cuestión de poco tiempo que el fraude saliera a la superficie.

Las pesquisas, que están en fase embrionaria, se centran en los cursos «con compromiso de contratación» , financiados con fondos europeos. Esta modalidad facilita que al menos un 60% de los desempleados que asistan a las clases puedan conseguir un contrato durante seis meses . La investigación de los agentes de la UDEF, que contaron con la colaboración de la Seguridad Social, arrojó resultados sorprendentes. Se percataron de que el compromiso se incumplía de forma sistemática y los fondos para pagar nóminas terminaban engordando las cuentas corrientes de las empresas. El sistema estaba basado en una ficción. Aprovechando la falta de control, diseñaban cursos que ni siquiera llegaban a impartirse o colaban al SAE listados con asistentes falsos, aunque los nombres eran reales sin que los supuestos destinatarios lo supiesen. La UDEF se ha topado con sociedades «fantasmas» que descubrieron el filón de las subvenciones destinadas a la formación. Se constituían para ofrecer un curso concreto y al poco tiempo desaparecían . No contaban con docentes ni con instalaciones adecuadas para impartir las clases.

La investigación, que arrancó en Málaga y ya ha saltado a otras provincias andaluzas como Sevilla , no ha hecho más que comenzar. Está aún por cuantificar el dinero esquilmado a los andaluces e indebidamente sustraído al erario . El consejero andaluz de Educación puso esta semana el listón en 1,06 millones de euros para rebatir la idea de un fraude masivo con la que le martillea con insistencia el PP. Un millón es la cuantía que la Junta ha reclamado a empresas después de examinar cerca d e 1.728 expedientes desde el pasado mes de septiembre , de los que 480 han concluido con un requerimiento de más información, y de ellos en 56 casos se ha iniciado el proceso de reintegro . Se propone revisar 8.505 expedientes referidos a ayudas para cursos de formación repartidas en el periodo 2007-2015

La cifra oficial de reclamaciones tiene visos de quedarse muy corta. Un millón es una gota en el océano presupuestario. La Junta ha repartido 2.326 millones de euros en ayudas para realizar 36.000 cursos desde 2007 a 2013 donde se han formado 758.000 alumnos. De ellos, el 55% eran desempleados. La propia Fiscalía Superior de Andalucía , que abrió diligencias el pasado 24 de abril, deja raquítica la cifra aportada por la Junta. Desvela que hay veinte empresas implicadas y el quebranto inicial asciende a 1,72 millones de euros sólo en Málaga . Entre 2009 y 2010 el SAE concedió «una cifra total muy próxima a los 800 millones de euros », según el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que fiscalizó las subvenciones de Formación Profesional para el Empleo en el citado bienio.

En el momento de la concesión, el Servicio Andaluz de Empleo anticipa el pago del 75% del coste del curso . El resto de la subvención se liquida tras la revisión de las facturas. Para facilitar su labor, los beneficiarios deben presentar una auditoría que encargan a una consultora externa.

Dos meses antes de que trascendieran las pesquisas de la UDEF, el órgano fiscalizador destapó la caja de los truenos. El demoledor análisis de los auditores describe el descontrol instalado durante años en la antigua Consejería de Empleo , el epicentro de otro fraude monumental, el de los ERE . Ambos comparten metodología: expedientes que tardan años en revisarse, ayudas discrecionales (hasta el 89% de los 318,3 millones repartidos en 2009) repartidas entre la patronal y los sindicatos saltándose la Ley de Subvenciones... Y cientos de facturas sin verificar sobre las que la Junta hacía la vista gorda para continuar subvencionándolos. Estas ayudas nominativas no están sujetas a convocatoria pública y el plazo de solicitud está abierto todo el año. Las subvenciones para formación constituían el gran bocado del pastel en el acuerdo de concertación firmado por la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía, UGT y CC.OO . Bajo el grandilocuente objetivo de preservar la paz social, los fondos destinados a rehacer la vida laboral de los desempleados sirvieron para sostener el enorme aparato burocrático de estas entidades.

El dinero corría más deprisa que los papeles. El Gobierno andaluz convirtió una excepción en la regla . Bastaba con la firma del consejero para librar a las empresas y agentes sociales de la engorrosa obligación de tener justificadas las ayudas amparándose en «circunstancias de especial interés social» . Pues bien, entre 2009 y 2011 hubo una «epidemia» de circunstancias especiales. Esta excepción legal fue el portillo de entrada de numerosas irregularidades. Los expedientes pendientes de verificar se amontonaban en los despachos del SAE: sumaban 634 millones de euros a principios de 2013. La Consejería de Educación pretextó que carecía de personal suficiente para revisar las montañas de expedientes y por eso firmaba exoneraciones. En su descargo apunta otra cuestión burocrática que no convence tampoco a la Cámara de Cuentas: la Consejería de Empleo perdió las competencias de formación , que pasaron a Educación en abril de 2013. El traspaso complicó la labor fiscalizadora. Cecap, la patronal que agrupa a las empresas de formación, discrepa: «A la Junta no le interesaba reconocer los pagos porque, de esta forma, puede presumir de cumplir con la deuda y el déficit».

La federación de academias hace hincapié en que las clases presenciales representan apenas un tercio del total de los cursos impartidos. El grueso de las clases son a distancia y «on-line» y, por lo general, no están sujetas a convocatorias públicas. Su control es más complicado porque ni siquiera cabe la posibilidad de que los funcionarios hagan visitas a las aul as. Aunque esta labor inspectora resultó ser muy selectiva. A decir verdad, demasiado. En 2010 los técnicos de la Junta sólo visitaron un tercio de los cursos dirigidos a parados en Málaga y uno de cada diez en Sevilla , según desvela el informe de la Cámara.

La última convocatoria de subvenciones se publicó en agosto de 2011. Bajo el mandato de Susana Díaz , el bipartito andaluz del PSOE e IU no ha repartido ni un euro en ayudas para formación y trabaja en la elaboración de una nueva norma que ofrezca más garantías. La parálisis de los cursos, que ha obligado a cerrar a un tercio de las 2.000 empresas que vivían de este negocio en Andalucía, coincide con la aparición de los escándalos de corrupción ( ERE, Invercaria, ayudas a discapacitados, tramas de supuestas facturas falsas de UGT ) que han puesto bajo sospecha la política social y económica de la Junta.