IU justifica en el Parlamento el realojo de La Corrala como «urgencia social»

Cortés, que es la primera vez que ha hablado de este asunto ante el Pleno del Parlamento, ha indicado que el desalojo de las familias de la Corrala Utopía fue ordenado por la Delegación del Gobierno en Andalucía, sin asegurarse de que tuvieran alternativa habitacional y a pesar de que la Consejería de Fomento y Vivienda, el viernes 4 de abril, había llegado a un principio de acuerdo con la propiedad, para que ésta realojase a estas familias mediante alquiler conforme al programa «Llaves solidarias».

«¿Por qué ordena el desalojo la delegada del Gobierno el domingo 6 de abril? y ¿por qué no lo comunica a la consejería?», ha preguntado Elena Cortés. Ha señalado que la consejería se tuvo que enterar por las propias familias de que estaban siendo desalojadas y éstas permanecieron acampadas tres días frente al edificio del Ayuntamiento de Sevilla, sin que el gobierno municipal actuase, tal y como se había comprometido en una reunión con la Junta del 5 de marzo.

Ante la existencia de menores y personas en riesgo de exclusión social, según Cortés, la Dirección General de Vivienda de la Junta dictaminó una resolución para el realojo transitorio y urgente de esas personas, en cumplimiento del auto judicial. Así, se realoja a ocho familias, para las que en ese momento había viviendas disponibles. «No sólo es que pudiéramos realojar a las familias con menores o en riesgo de exclusión social, es que debíamos hacerlo. Con la ley, podíamos. Con el auto judicial, debíamos», ha sentenciado Elena Cortés.

Asimismo, ha indicado que las «discrepancias» surgidas en el seno del Gobierno sobre este asunto quedaron resueltas con el acuerdo sobre los reajustes en los realojos y la devolución de competencias en materia de adjudicación de viviendas públicas a la Consejería de Fomento y Vivienda.

Por su parte, el portavoz del grupo popular, Carlos Rojas, ha manifestado que la consejera de Fomento y Vivienda debería estar «cesada desde el minuto uno por pisotear la legalidad» y tomar decisiones «sectarias» y «arbitrarias», como se ha puesto de manifiesto con el episodio de la Corrala. Ha anunciado que el PP-A pedirá una comisión de investigación sobre este asunto para que se conozcan todos los expedientes y qué ha pasado. Ha indicado que en este caso, IULV-CA ha sido la «ganadora», la «arbitrariedad, el sectarismo y el trato de favor».

«Ha sido un asunto (el de la Corrala) de escaparate político y no de derecho a la vivienda», según ha señalado Rojas, para quien no hubo más criterio que la «afinidad política». Por el contrario, según Rojas, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, desde el «minuto uno», veló por el cumplimiento de la legalidad, mientras que la Junta se ha saltado ese principio.