La Junta tira de manual

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, ha calificado los últimos días de «bulo» el supuesto fraude «masivo y millonario» en cursos de formación para desempleados, a pesar de que la Policía ha interrogado ya a cerca de doscientas personas. Llera no ha sido el único en cuestionar la veracidad de la investigación: el portavoz del socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez , calificó de «infamia» y «calumnia» los hechos, y el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, afirmó que «no se puede hablar de fraude» en los fondos de formación. Un cierre de filas que recuerda al comienzo del caso ERE, cuando el PSOE cuestionó la relevancia del caso y remitió a la investigación interna.

El segundo paso es considerar a la administración víctima de los hechos, remitiendo la responsabilidad a personas que se han aprovechado de la buena fe de ésta. Famosa fue la frase de Manuel Chaves en la que admitía «hechos aislados» y circunscribía la responsabilidad a «cuatro golfos», una teoría que fue asumida durante mucho tiempo en la Junta. Ayer mismo y ante el nuevo escándalo, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, señalaba que en el presunto fraude de los cursos de formación «no estamos ante un fraude de la administración , sino ante un fraude a la administración», y señalaba que «quien haya provocado un quebranto en las cuentas públicas tiene que pagarlo».

El tercer estadio en este modus operandi es el cuestionamiento del proceso judicial. La juez instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, ha sufrido numerosas descalificaciones desde el PSOE. El nuevo caso de presuntas irregularidades no ha llegado aún a los tribunales , pero dirigentes socialistas ya han cargado contra la «la filtración ha venido de la Policía Nacional», que constituye «una auténtica vergüenza». según ha señalado el consejero de Justicia, Emilio de Llera.