La Fiscalía pide 16.000 euros de fianza civil para el exsecretario del textil de CCOO

En el texto de su declaración, consultado por Europa Press, la juez Mercedes Alaya considera que, como secretario general de Fiteqa, «sería responsable de la inclusión en pólizas de rentas de algunos de los miembros del sindicato o personas relacionadas con el mismo, a través de Vitalia, como una de las formas de contraprestación de esta mediadora a los sindicatos , a través de las sobrecomisiones que Vitalia cobraba de la Junta de Andalucía».

La instructora asevera que «esta contraprestación o 'negocio bilateral' entre mediadora y sindicato se produciría al ser éstos fuente de información constante para la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran estar interesadas en procesos de reestructuración de plantilla , recibiendo también dinero de esta consultora bajo la justificación de 'toma de datos de los trabajadores' o incluso 'cálculos (actuariales) de contraste'».

Así, «en connivencia» con el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín y «a sabiendas de su injusticia», el exdirigente sindical «sería responsable» de la suscripción de una póliza vinculada a la empresa Groca S.L. a favor de Rosario Esteban Ruiz , «viuda de José Manuel Cuesta Sánchez , quien nunca había trabajado» en dicha empresa, «sino que estaba vinculado a Fiteqa a través de T.Q. Asesoramiento y Formación Personal, empresa cuyo único socio era la citada federación, siendo el administrador» el propio Montesinos. La juez considera que estos hechos, «en la medida que la póliza fue financiada finalmente con fondos públicos de la Junta , a través de las sobrecomisiones», podrían ser constitutivos de un delito de malversación, entre otros.

Una vez el imputado se ha negado a declarar, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía ha asegurado que, hasta la fecha, «existen indicios suficientes de la participación» en los hechos del imputado, todo ello «sin perjuicio de la ampliación de la imputación que se pueda interesar a la vista del resultado de las diligencias acordadas en relación al presunto cobro por parte de organizaciones sindicales de comisiones ilícitas en la tramitación de los pagos realizados por la Junta». De este modo, ha solicitado una fianza civil de 12.234,43 euros , correspondiente a la póliza satisfecha a Rosario Esteban Ruiz, más el tercio legal, así como que se declare la responsabilidad subsidiaria de Fiteqa-CCOO, petición a la que se ha adherido la acusación que ejerce la Junta de Andalucía.

Ante la juez también han comparecido este viernes el gerente de Faecta en Córdoba, Francisco Moyano , y Santiago Romero e Inocencio Estévez , que fueron incluidos en el ERE de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba) años después de haber extinguido su relación laboral con la empresa. Todos ellos se han negado a declarar, al igual que el exdirigente sindical.

En el caso del gerente de Faecta, la juez le ha imputado delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y fraude de subvenciones. La juez considera que, en virtud de un convenio de colaboración firmado en 2001 por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero , Faecta «recibiría una subvención por importe de 20 millones de pesetas para la puesta en marcha de un plan de viabilidad que posibilitara la reinserción de 39 extrabajadores de la extinta empresa» Azahara Textil de Córdoba al sector de la automoción. «A pesar de que Faecta fue la beneficiaria última de la subvención concedida, no realizó solicitud alguna y el plan de viabilidad sería supuestamente realizado por Gestifesa, y se dice supuestamente porque dicho estudio no ha sido localizado por la Administración», pero a pesar de ello el coste del mismo, ascendente a 34.810 euros , «serían abonados por la Junta».

De hecho, y en relación al convenio de colaboración, la juez señala que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo resolvió en febrero de 2013 que «no procede la declaración de nulidad del mismo, a pesar de señalar que la ayuda fue concedida al margen de los requisitos legalmente establecidos, por considerar que Faecta no fue la auténtica beneficiaria de la ayuda, cuando lo que se desprende de las actuaciones es que los 20 millones fueron ingresados en la cuenta de esta federación , que debería haber acreditado cumplir todos los requisitos para gestionar los fondos y acreditar fehacientemente el destino dado a los mismos».

Alaya considera que «desde un principio no habría intención de ajustarse» al convenio firmado, añadiendo que «la materia finalmente impartida a estos extrabajadores no tendría nada que ver con la adaptación al sector de la automoción de los mismos, quienes tampoco realizarían todos los cursos proyectados, y por el contrario el contenido de los dos cursos ejecutados sería la prevención de riesgos laborales y la gestión de empresas cooperativas, respectivamente».

El gerente de Faecta «participaría indiciariamente» junto con otros responsables de la federación «en la utilización ilegítima de los fondos recibidos, pues la subvención concedida se utilizará para otros fines distintos a los que estaba destinada, así como en la falsaria justificación del destino dado a los 20 millones». Así, Faecta justificó como gastos 348.000 pesetas por el alquiler de un local para impartir los cursos, cuando en realidad los mismos se realizarían en dependencias cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento de Córdoba a tales fines, mientras que, «a pesar de que la duración de los cursos fue de tres meses, el alquiler y las nóminas corresponderían con seis mensualidades».

La Fiscalía no ha pedido medida cautelar alguna para el imputado, ya que «son necesarias la práctica de nuevas diligencias de prueba para determinar la participación en los hechos» del encausado, aunque sí ha solicitado dar traslado en concepto de tercero civil responsable a Faecta en cuantía de 42.376 euros , mientras que la acusación que ejerce la Junta ha pedido una fianza civil de 120.000 euros, cantidad que se corresponde con la ayuda directamente percibida.

También han comparecido ante la juez Santiago Romero e Inocencio Estévez , que fueron incluidos en la póliza «derivada de la que inicialmente estaba encaminada para cubrir las rentas del colectivo de trabajadores prejubilables del Matadero de Fuente Obejuna », y todo ello a pesar de que en 2003 se le habría reconocido una incapacidad y asignado una pensión no contributiva. En virtud de dicha póliza, los imputados «tendrían garantizadas unas rentas temporales desde 2007 hasta los 75 años con cargo a los fondos públicos andaluces, a pesar de que la percepción de estas rentas era incompatible con la prestación por incapacidad», ascendiendo finalmente la primas abonada por la Junta a 20.413,23 euros, en el caso de Santiago, y de 52.484,54 euros, en el caso de Inocencio.