El caso Corrala certifica el fracaso de la política de vivienda de la Junta

«Nosotros venimos denunciando desde hace tiempo que la Junta de Andalucía ha desmantelado la política social de vivienda y sencillamente ya no existe. La Junta –añade– es la mayor inmobiliaria de Andalucía , con un parque público en alquiler de más de 80.000 casas , y parece increíble que no pueda disponer de una bolsa de viviendas libres para alojar a familias en situación de emergencia social mientras se cumplan las condiciones de necesidad».

Según Alicia Martínez , lo ocurrido con la Corrala Utopía es una consecuencia de que la Junta «no ha actuado en política de vivienda social en muchos años, tiene abandonado el parque público , y mientras tanto ha alentado la patada en la puerta».

Recordó que los okupas de la Corrala recibieron, al inicio del conflicto, en 2012, la visita de la consejera de Fomento, Elena Cortés , «entiendo que para alentarles en su lucha. Y en este tiempo ha sido incapaz de ofrecer soluciones viables a las personas que realmente las necesitaran».

Alicia Martínez distinguió entre el registro de demandantes de viviendas que tienen los ayuntamientos para casos generales, de personas con recursos limitados, y el parque de viviendas de la Junta. La portavoz del PP-A centró sus críticas en este segundo apartado, donde en su opinión la Consejería no ha sabido dar una respuesta a los colectivos inmersos en situación de exclusión social.

En este punto Alicia Martínez no duda en subrayar el « descontrol, la opacidad y la incapacidad de gestión de unas viviendas que ahora están en manos de Izquierda Unida. Es algo que se ha puesto de manifiesto con el episodio de la Corrala. Y nos preocupa bastante porque son inmuebles a los que las familias con verdaderas necesidades deben tener acceso».

Dicho esto, consideró «lamentable» que la Junta haya « pasado la pelota del problema alAyuntamiento de Sevi lla, cuando es la Consejería la que tiene las competencias y la que lleva dos años con los brazos cruzados».