¿Cómo ha llegado el conflicto de la Corrala Utopía a poner en jaque el bipartito andaluz?

Sin embargo, en apenas unas horas el castillo de naipes del Ejecutivo andaluz se tambalea a raíz del polémico realojo de las familias desocupadas el pasado domingo de un bloque de viviendas en Sevilla. Tras su ocupación ilegal en mayo de 2012 , la Corrala Utopía se convirtió en un símbolo político que desde un primer momento contó con el apoyo de movimientos como el 15-M y de representantes políticos vinculados directamente con la izquierda. No se trataba del perfil habitual de okupas, asociado a jóvenes antisistema que asaltan edificios privados para darle usos culturales. Se trataba de la lucha de familias, con niños y mayores enfermos, que tomaban los alojamientos que una entidad bancaria mantenía en desuso. El filón político parecía evidente y así lo denunciaba en ABC de Sevilla una de las propias okupas, Mercedes Lladanosa .

Después de que el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla decretase el desalojo forzoso de las familias, los vecinos recurrían ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su condición de «excluidos sociales», algo que el Ministerio de Justicia negaba tajantemente . Tras meses de disputa jurídica y sin que las administraciones llegasen a un acuerdo para solucionar el conflico, este pasado domingo llegaba el inevitable desenlace. La Policía Nacional desalojaba a las familias que aún permanecían en el bloque de San Lázaro . De las 36 que en un principio asaltaron las viviendas, tan solo una docena (menos de 30 personas) habitaban el inmueble en el momento de su desalojo .

La falta de diálogo entre administraciones -instada entre otros por el Defensor del Pueblo andaluz o desde Estrasburgo - se hacía latente con personas sin techo que tras intentar instalarse en la Catedral de Sevilla , acampaban definitivamente frente al Ayuntamiento de Sevilla. Desde allí exigían al alcalde sevillano, el popular Juan Ignacio Zoido , que les diera cobijo en viviendas sociales municipales. Más allá del drama personal de los desalojados, el conflicto enfatizaba así su raíz política con duras críticas a la gestión municipal de 528 viviendas vacías. El Consistorio argumentaba la imposibilidad de ofrecerlas a los okupas al encontrarse éstas en proceso de adjudicación a familias .

Después de tres noches de acampada frente a la Casa Consistorial, se prendió la mecha definitiva al conflicto. La consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía anunciaba a través de una nota de prensa su intención de realojar a las familias argumentando el cumplimiento del auto del juzgado de instrucción número 3 que mandataba a las administraciones a «proveer lo necesario» para atender «a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social». En el comunicado, la Consejería decía adoptar esta decisión con carácter de urgencia ante la «elusión flagrante» de sus responsabilidades por parte del Ayuntamiento de Sevilla. De nuevo, un gesto de apoyo a los okupas y un ataque directo al Gobierno local.

Ante ello, el máximo responsable de la política local mantenía su postura en defensa del « cumplimiento de la legalidad vigente ». «Hay que cumplir la ley y quien da una patada a la puerta no puede tener el mismo derecho que la que no», decía Zoido. Le contestaba el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo , que defendía que el Ejecutivo andaluz daba una solución «desde la ley» a los vecinos desalojados y, de paso, una «bofetada elegante» al alcalde de Sevilla.

Sin embargo, el mayor revés a la decisión unilateral tomada por IU a través de la administración de Vivienda que encabeza Elena Cortés se lo propinaban las más altas instancias del propio Gobierno Autonómico, que se posicionaba del lado del gobierno popular local. Presidencia anunciaba su intención de paralizar el realojo ya que hay «más de 10.000 personas esperando viviendas en estos momentos en Sevilla que ya tienen unos derechos contraídos ». No se pueden «saltar esa lista de manera indiscriminada» y lo que procedía era que las familias de la Corrala fuesen derivadas a los servicios sociales para analizar su situación y articular las medidas más oportunas para darles una solución. Mientras tanto, los okupas celebrando con alegría que esa noche podrían abandonar la acampada . Pero, ¿tendrían definitivamente un techo?

Era un paso atrás para el plan que IU tenía perfectamente trazado. El realojo se efectuaría en seis de las viviendas públicas disponibles por la Junta en Sevilla mientras al resto de vecinos se les pagaría casas en alquiler hasta que se vayan quedando libres algunas de las más de 8.000 viviendas públicas en Sevilla. Y todo ello como una mera solución temporal. El compromiso era destinar a las familias a viviendas de protección oficial de un edifico actualmente en construcción que se prevé estará disponible el próximo otoño en el sevillano barrio de San Bernardo .

Con todo, la situación no estaba nada clara tras el anuncio de Presidencia. Y las contradictoria declaraciones de los políticos no despejaban las dudas. Mientras el portavoz del Gobierno andaluz, el socialista Miguel Ángel Vázquez , insistía en la necesidad de «buscar la fórmula adecuada dentro del cumplimiento estricto de la ley» al entencer que el proceder de Cortés rozaba la prevaricación, el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro , mantenía en firme la idea de que el realojo de Corrala Utopía seguía adelante. Para IU, la anunciada suspensión planteada por Presidencia era «la opinión de algún miembro del gobierno». El conflicto interno era evidente. Tan solo existía acuerdo para negar la evidente crisis de Gobierno.

La imagen más simbólica del desencuentro la manifestaban, quizá inconscientemente, los máximos responsables de ambos partidos. La presidenta andaluza Susana Díaz (PSOE) y su vicepredidente Diego Valderas (IU), sentados codo a codo y con caras de tensión durante el Pleno del Parlamento andaluz, que paradójicamente, alcanzaba su unanimidad para dar el visto bueno a la futura Ley de transexualidad . El tercer partido en discordia, el PP andaluz, a través de su secretaria general, Dolores López Gabarro , pedía que se acabasen las «guerras internas» y se diera una solución a las familias.

La solución para las familias llegaría poco después. Pero lo haría para evidenciar el pulso que, desde Panamá -donde participa en un foro internacional de debate sobre políticas de viviendas-, la consejera Elena Cortés mantenía con el sillón presidencial en San Telmo. En torno a las 21 horas, una decena de las familias que ocupaban el edificio de Ibercaja recibía las llaves de diez nuevos pisos . El gesto desligitimaba por completo la autoridad política de Díaz.

Pero la presidenta no se achantaría ante el empecinamiento de la díscola Consejería. Se guardaba un as en la manga: retirar provisionalmente las competencias de adjudicación de viviendas públicas a Elena Cortés mediante un decreto sin precedentes. No sería todo, La Junta abriría una investigación interna para esclarecer «si los procedimientos y criterios de adjudicación de viviendas a las familias se ajustan a los principios de igualdad y legalidad».

El choque era flagrante y el análisis político más inmediato sugería una ruptura del pacto político y un posible adelanto electoral . Pero eso fue ayer, durante las horas más intensas del curso político andaluz. Ahora toca llamar a la reflexión, suavizar el discurso, encontrar puntos en común a través del comité de enlace entre los socios de Gobierno y revisar el decreto para despojar a Cortés de sus competencias en Vivienda. Sólo el tiempo dirá si la fractura abierta por ese símbolo político que es la Corrala Utopía se logra remendar o si por el contrario hace saltar por los aires al Gobierno andaluz del bipartito. Y sí eso ocurre, ahí estará el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla , para ofrecer su apoyo de «empleo y estabilidad» a la presidenta Díaz.