Diez fechas claves para no perderse en el fraude de los ERE

La investigación arranca dos años antes con una petición de comisiones por parte de los directivos de Mercasevilla a dos empresarios a cambio de una ayuda autonómica de 900.0000 euros para montar una escuela de hostelería . La conversación, grabada el 26 de enero de 2009 y publicada en exclusiva por ABC, recogía frases tan premonitorias como «la Junta colabora con los que colaboran» que pusieron a la juez Mercedes Alaya en la pista del fraude.

Mercasevilla revela que figura como beneficiario de los ERE una persona que nunca trabajó para esta empresa municipal. Se trata de un dir igente local del PSOE en Baeza (Jaén): Antonio Garrido Santoyo . Era el primer intruso incluido en un expediente subvencionado por la Junta de Andalucía.

El exdirector general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero , declara a la Policía que la Junta disponía «un fondo de reptiles» para ayudar a empresas en crisis al margen de la ley. Empleo dispuso de 647 millones repartidos sin control . La Junta abre una investigación paralela al proceso judicial.

El exconsejero de Empleo Manuel Recio calcula en «sólo» 9 millones el dinero cobrado por 72 intrusos (falsos trabajadores) en ERE. En realidad eran al menos 130 . El expresidente andaluz Manuel Chaves echa la culpa a «cuatro golfos» que hicieron un mal uso de un procedimiento legal, a su juicio, para repartir fondos con la partida 31L .

Pronto se supo que los intrusos eran una mera anécdota en la trama. Se repartieron 127,76 millones en ayudas ilegales a empresas, además de 50 millones en comisio nes a mediadores de hasta el 200%. El exsindicalista de UGT Juan Lanzas amasó una fortuna de 13,4 millones de euros al calor de las subvenciones que gestionaba. UGT y CC.OO. participaron en el lucrativo ne gocio del desempleo.

El caso llegó a su punto más sórdido. En marzo de 2012 el antiguo chófer de Guerrero revela a Alaya que llegó a gastarse 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero de las ayudas públicas que recibieron irregularmente sus empresas fantasma. El ex alto cargo también habría recibido entre 60.000 y 80.000 euros en metálico de su conductor y un piano.

De madrugada, en plena Feria de Abril de Sevilla , la juez Mercedes Alaya ordena el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero Antonio Fernández, imputado por seis delitos en el caso de los ERE. Se convierte en el primer exconsejero andaluz que entra en la cárcel en la democracia.

Alaya desplegó dos macrorredadas contra el supuesto cobro de «sobrecomisiones» por parte de las mediadoras que se lucraron con pólizas subvencionadas. La actuación de la Guardia Civil, que se desarrolló en dos fases, en marzo y octubre de 2013 , arrojó más de 30 detenidos.

La juez entra de lleno en la rama política de la trama con la imputación de Magdalena Álvarez , exministra y exconsejera de Hacienda, así como a 19 altos cargos de la Junta por permitir el «dispendio» de fondos públicos durante una década, entre ellos el exinterventor general de la Junta de Andalucía desde 2000 a 2010, Manuel Gómez .

Alaya anuncia en un auto, que trascendió en plena toma de posesión del nuevo Ejecutivo de Susana Díaz , la preimputación de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y cinco consejeros de sucesivos gobiernos socialistas: José Antonio Viera (Empleo y Desarrollo Tecnológico), Francisco Vallejo (Innovación, Ciencia y Empresa), Carmen Martínez Aguayo (Hacienda y Administración Pública), Antonio Ávila (Economía, Innovación, Ciencia y Empleo) y Manuel Recio (Empleo). En diciembre pasado, la Audiencia de Sevilla anuló el auto , pero Alaya hizo otra resolución señalando de nuevo a los altos cargos aforados.