Anticorrupción se opone a que Alaya investigue ahora al Parlamento andaluz

En un escrito que acaba de ser hecho público, el fiscal ha presentado un recurso de apelación contral el auto en el que la juez ordenaba investigar si el Parlamento andaluz pudo conocer las irrregularidades que se estaban produciendo en las ayudas sociolaborales otorgadas por la Consejería de Empleo.

Aunque son varios los argumentos que emplea el Ministerio Público contra esa investigación, lo principal es que considera que los interventores generales del Estado carecen de competencias para investigar al Parlamento.«No tiene ni competencias ni funciones sobre la labor encomendada a las cámaras tanto autonómica como estatal y está fuera de sus funciones», dice Anticorrupción.

Además el Ministerio Público recuerda que los diputados gozan de inviolabilidad por los votos emitidos en función de su cargo aun después de haber cesado en sus funciones. Por ello, el fiscal asegura que ello hace «inoperante» cualquier investigación contra ellos en las sesiones del Parlamento cuyas actas reclama ahora la juez.

Igualmente, el fiscal dice que si las defensas tienen dudas sobre si el Parlamento pudo conocer esas irregularidades debería aportar pruebas de ello «de forma más precisa» para que la juez pueda valorarlo. Y recuerda que el Parlamento tiene entre sus labores la acción de control sobre el Gobierno y sobre la acción de la administración y el control de las empresas públicas.

De esta forma, Anticorrupción se opone a esa investigación que Alaya había ordenado asumiendo en parte las tesis de la defensa que alegaba que el Parlamento y, sobre todo los miembros de la comisión de hacienda de este órgano, pudieron conocer las irrregularidades que se estaban produciendo ya que los presupuestos se debatían y aprobaban en la cámara autonómica.