Alaya dicta una fianza civil de dos millones a una exasesora de Empleo

En un primer momento, la juez Mercedes Alaya no impuso fianza civil alguna a esta imputada alegando para ello que había «contribuido» al esclarecimiento de los hechos, lo que fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, que pidió para Rofa una fianza civil de 205 millones de euros . Pues bien, la instructora ha dictado un auto, consultado por Europa Press, en el que cumple lo ordenado por la Audiencia Provincial aunque recuerda que, según indicó este tribunal, la fianza «deber se modulada en función de su grado de intervención, y en este caso, como en otros, mas concretamente en función de su capacidad de decisión sobre los procedimientos presuntamente ilícitos utilizados en la concesión de subvenciones sociolaborales, y en definitiva en dar continuidad y apariencia de legalidad al sistema heredado».

Al hilo de ello, Alaya dice que, «aunque indiciariamente resulta acreditada» la participación de Rofa en estos hechos, «también indiciariamente resulta que en su actuación se limitó a cumplir las órdenes de sus superiores», como eran los entonces directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera . La juez dice que, «a fin de mantener cierto equilibrio con otros imputados a los que con similares responsabilidades o de otra índole, pero de mayor trascendencia, no se ha exigido ni solicitado fianza, respecto de los cuales también se mantiene la imputación», la fianza debe corresponderse con el uno por ciento de las ayudas concedidas durante el tiempo en el que la imputada ocupó su cargo.

En esta línea, la magistrada recuerda que el Ministerio Fiscal cifró estas ayudas en 154.028.733,07 euros, por lo que le impone una fianza civil correspondiente al uno por ciento del montante total de las ayudas más el tercio legal previsto , lo que hace un total de 2.053.716,44 euros, aunque la juez advierte de que esta cifra se establece «sin perjuicio de ulterior variación».

Por último, la juez Alaya concede a la imputada el plazo de una audiencia, a contar desde el día siguiente a la notificación del auto, para la prestación de la fianza, advirtiendo de que ordenará el embargo de bienes para cubrir dichas responsabilidades si en dicho plazo no abonara la fianza civil impuesta.

La juez imputó a María José Rofa, «mano derecha» de Juan Márquez, porque «a pesar de sus intentos» ante el exdirector general de Trabajo «para que se produjera un cambio en el procedimiento a seguir ante las dudas sobre la legalidad del mismo», terminó trabajando «con las mismas herramientas aunque fuera por indicación de sus superiores, pero teniendo ella conocimiento de la presunta ilegalidad que todo ello suponía».

Así, y según la magistrada, la imputada «participaría de la continuidad en el uso del Convenio Marco, de dar apariencia de legalidad al trabajo desarrollado» por el anterior Director General de Trabajo y Seguridad Social, « supliendo las deficiencias y convenios que faltaban, en el mantenimiento de los dos tipos de ayuda con la misma ausencia de procedimiento y de falta de justificación de su destino y no comprobación de la legitimidad de los beneficiarios de las ayudas sociolaborales y de empresas».

La juez considera que Rofa «tuvo constancia» de la presencia de intrusos en el ERE de Calderinox , y «de hecho» el exdelegado de Asuntos Sociales de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés «se presentó en su despacho a finales de 2009 o primeros de 2010 para saber cuando iba a cobrar las cantidades que le habían prometido», según ella misma manifestó a la Guardia Civil.

Además, «Juan Márquez le apuntó a Rofa que a Juan Rodríguez Cordobés habría que hacerle, sin que se le encuentre justificación legal alguna, una póliza individual o concederle una ayuda sociolaboral excepcional».