Alaya impone una fianza de 3,1 millones de euros al empresario que compró cerdos con ayudas de los ERE

Según la instructora, los imputados y Lanzas habrían «impuesto como condición la necesidad de contratar personal de dicha localidad para beneficiar de cara a las próximas elecciones a la alcaldesa de Villanueva del Río, María José Cervantes (PSOE)». Tras ello, la empresa formalizó una póliza en junio de 2008 para los extrabajadores de Aglomerados Morell «sin que existiera formalmente una solicitud de ERE ni de ayuda sociolaboral alguna y pese a no ser necesarios los despidos de los 22 trabajadores» de la empresa . Así, los imputados, «en connivencia» con Juan Lanzas, «iniciaron dicho procedimiento, pretendiendo así favorecer como medida de 'presión' la concesión de las subvenciones necesarias para efectuar el traslado de la empresa». Finalmente, fueron incluidos en la póliza un total de 24 beneficiarios, de los que únicamente 22 eran trabajadores de la empresa, pues «se incluyeron como 'intrusos» tanto a Jorge Andrés Morell como a otra persona «que fue dada de alta en la empresa un mes y medio antes del estudio de la póliza».

Jorge Andrés Morell trabajó en la empresa entre 1975 y 2000, «causando por tanto baja en la empresa aproximadamente ocho años antes de la formalización de la póliza», por lo que «fue incluido irregularmente en dicha póliza sin que conste ni la edad a fecha de inicio ni el porcentaje de garantía sobre sueldo neto», siéndole asignado un coste de prima al contado de 570.961,50 euros. La juez relata, de otro lado, que el exdirector general de Trabajo Juan Márquez , «ante las presiones de la empresa», le concedió una nueva ayuda «si bien esta vez dirigida a una empresa auxiliar» de Aglomerados Morell por importe de 440.000 euros. Márquez «decidió en connivencia con los representantes de Aglomerados Morell concedérsela formalmente y de manera falsa a otra empresa del grupo para evitar que figurasen más ayudas sociolaborales» a la misma empresa. Alaya asevera que «el importe de esta ayuda laboral parece ser que se destinó a comprar por parte de Jorge Morell una partida de cerdos, actividad absolutamente ajena a la ayuda concedida y al objeto social de la empresa», un destino «que fue conocido en la Dirección General de Trabajo, pues Jorge Morell reclamó a dicho centro directivo el abono de dicha ayuda». Por todo ello, la juez cifra en 2.339.677,83 euros el montante de las ayudas recibidas, a la que suma el tercio legal previsto, imponiendo tanto a Jorge Andrés Morell como a su hijo una fianza civil de 3.119.570,44 euros.