La juez Mercedes Alaya reúne más pruebas contra José Antonio Griñán

Tras haberlo pedido el PP, que ejerce la acusación particular, requiere al Consejo de Gobierno de la Junta y a la Consejería de Hacienda (que dirigió Griñán entre 2004 y 2009) que le remita «de manera inmediata» los informes del interventor de los que haya dado cuenta desde 2001. Quiere conocer si tanto al expresidente como su antecesora al frente de Hacienda, la exministra Magdalena Álvarez, informaron al órgano ejecutivo de los insistentes reparos legales que el interventor puso al mecanismo de financiación de los ERE.

La magistrada mueve ficha después de que los abogados del PP, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, denunciaran en un escrito que «más de la mitad de los consejeros del Gobierno de la Junta presidido por Chaves conocía con certeza el uso ilegal que se venía haciendo de las transferencias de financiación como forma de envío de fondos a la mayoría de las empresas públicas» para burlar los controles.