La Fiscalía pide cinco millones y medio de euros de fianza para el exdelegado de Empleo

La juez asegura que, en su cargo como delegado de Empleo de 2000 a 2010, «autorizaría un considerable número de Expedientes de Regulación de Empleo de empresas que recibirían subvenciones sociolaborales de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, con total ausencia de procedimiento y le imputa por los ERE de Calderinox, Mercasevila, Surcolor, Intesur, Samec y Aglomerados Morell.

Por su parte el abogado de Rivas, Jon Ander, que ha presentado un escrito solicitando nuevamente que se graben las declaraciones, ha defendido la inocencia de su cliente asegurando que su competencia como delegado de Emplero era la tramitación de los ERE y no de las pólizas y que si hubo alguna irregularidad fue en éstas últimas y no en los primeros.

Sobre el presunto «enriquecimiento patrimonial» que le achaca la Guadia Civil, el abogado ha asegurado que Rivas «no tiene nada que esconder» y que su familia es muy modesta y de personas trabajadoras.  Y ha especificado que los 21.000 euros que cobró su nuera de una empresa de Juan Lanzas eran las retribuciones por su trabajo.

La juez lo considera «el portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones, de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado que se ha producido desde la Administración autonómica». Ademas, el último atestado de la Guardia Civil hecho público esta misma semana hablaba de un «incremento patrimoial» del exdelegado de Empleo y aseguraba que se había beneficiado de que la pareja de su hijo había trabajado en una de las empresas de Juan Lanzas obteniendo por ello 21.000 euros.

La juez considera también que Rivas «sabía indiciariamente durante la mayor parte del ejercicio de su cargo que él tenía gran capacidad de influencia en sus superiores, y que en definitiva lo que prometía lo conseguía, pues además se caracterizaba por hacer un intenso seguimiento a tales compromisos».