Alaya cree que los sindicatos influían en la Junta de Andalucía para dar subvenciones

En un auto firmado por la magistrada el pasado diez de enero, desestima el recurso de uno de los imputados en el caso, concretamente del sindicalista Enrique Manuel Jiménez García, que fuera responsable de acción sindical de la Federación Siderometalúrgica de CC.OO. hasta marzo de 2009 y que fue imputado y al que la instructora le impuso medidas cautelares.

En ese auto la juez no solo asegura que se ha evidenciado el «conocimiento apriorísticamente que el inculpado tenía del régimen legal de concesión de subvenciones» y de la ausencia de procedimiento, sino que la juez va más allá. Así según Alaya, el imputado participó en las negociaciones referentes a la ayuda excepcional concendida a Calderinox que se concedió prescindiendo del procedimiento y favoreciendo la inclusión de intrusos en la póliza (dos personas que nunca habían trabajado en la citada empresa). Sino que se asegura que el imputado «conseguiría influir en el director general de Trabajo (en referencia a Juan Márquez Contreras) para que suscribiera el segundo suplemento de la póliza de Calderinox.

Pero además la juez, que imputa a Jiménez García delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias, asegura que en la medida en que los sindicatos están desde el inicio en los procesos, « su larga trayectoria les permite influir en ciertos cargos de la Junta de Andalucía» , de lo que es un claro exponente el caso de Antonio Fernández Garzón, que fue incluido como intruso en el ERE de Calderinox. Y que los sindicatos intervinieron junto a otros en «la planificación del trasvase monetario, bien a favor de terceros afines como acontetece en este supuesto, bien a favor del propio sindicato ».